La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis en torno a las 18 controversias constitucionales promovidas por municipios de Chihuahua en contra de las órdenes del Ejecutivo federal de disponer del agua almacenada en la presa La Boquilla para pagar los adeudos del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos y México.
El proyecto a cargo del ministro Javier Laynez Potisek propone avalar la decisión del Gobierno de entregar a Estados Unidos parte del agua de la presa La Boquilla en cumplimiento del tratado internacional vigente desde 1944.
Además, declara como legítima la actuación de la Guardia Nacional durante el conflicto suscitado en 2020, cuando el Gobierno federal anunció su intención de cumplir con el tratado bilateral y el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó su oposición a esta acción, lo que ocasionó la muerte de una mujer y la aprehensión de cuatro personas.
Por otra parte, la propuesta del ministro Laynez Potisek indica que el Congreso de la Unión realizó una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas, como ordena el decreto presidencial publicado el 8 de febrero de 2012.
"El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 2012 que incorporó el derecho al agua al artículo 4° de la Constitución, bajo el mandato de que la propiedad del agua es originaria de la nación y garantizando el principio de deliberación democrático, dando intervención efectiva a la federación, estados y municipios en la gestión del recurso hídrico", señala el documento.
Este jueves, la SCJN inició la revisión a fondo con la controversia constitucional 56/ 2020, correspondiente al municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, en la que los ministros consideraron que no presentó elementos suficientes para impugnar la actuación de la Guardia Nacional en los hechos ya mencionados.
Por ello, los ministros propusieron desestimar este punto, sin embargo, en lo que sí estuvieron de acuerdo en relación a lo que planteó este municipio fue en la omisión del Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Aguas.
KEFS