El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Oficina de la Presidencia de la República asumir competencia y dar a conocer las notas, análisis, borradores, estudios, así como opiniones legales emitidas para la elaboración del Acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado, la dependencia informó que la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que el 10 de diciembre pasado, el INAI interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional en contra de dicho acuerdo, por considerar que establecía una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos, lo cual se convirtió en un tema de interés público.
“Esta controversia, como todos sabemos, fue admitida a trámite por la Suprema Corte el 14 de diciembre pasado, por lo que se concedió la suspensión para los efectos de la reserva de la información”, apuntó.
Del Río Venegas recalcó que la admisión de la controversia implica que el Máximo Tribunal del país consideró procedente conceder al instituto la suspensión de los efectos que solicitó para que la Administración Pública Federal no clasifique de forma generalizada la información relacionada con dichas obras o proyectos.
También detalló que una persona inconforme solicitó una revisión, ya que la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para conocer la información.
Al analizar el caso, la comisionada determinó que la Oficina de la Presidencia sí es competente para conocer la información solicitada, ya que cuenta con tres unidades administrativas con facultades para atender la solicitud, como la Jefatura de la Oficina de Presidencia, la Secretaría Particular y la Coordinación de Asesores.
“Todos sabemos que ante este staff pasan tarjetas, análisis, proyectos, decretos, opiniones, previo a pasar a instancias como la Consejería Jurídica; por lo tanto, sí es competente y debió realizar una búsqueda en la totalidad de las unidades administrativas y pronunciarse sobre lo solicitado”, afirmó Del Río.
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