La ingobernabilidad y la sobrepoblación en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, donde el cuerpo de un bebé fue abandonado dentro de un contenedor de basura, ya eran puntos rojos sobre los que las autoridades tenían advertencias.
El 10 de enero, en el penal ubicado en Lomas de San Miguel, Puebla, un interno que realizaba labores de reciclaje encontró, entre la basura de los contenedores, el cadáver de un bebé de tres meses de nacido.
Fue hasta el 14 de enero cuando la organización civil Reinserta dio a conocer el caso, a través de un comunicado fechado un día anterior, en el que exigió a las autoridades esclarecer cómo y quiénes estuvieron involucrados en el ingreso del cuerpo del pequeño, el cual ya fue entregado a sus padres este fin de semana.
Este sábado, la fundadora de la organización, Saskia Niño de Rivera, dio a conocer que el niño nació el 4 de octubre del año pasado, pero, debido a problemas intestinales, murió el 5 de enero y al día siguiente fue sepultado en el panteón de Iztapalapa, donde fue exhumado para ser llevado al penal.
En el mismo día, la Fiscalía dio a conocer que ya se identificó a la persona que depositó el cuerpo del menor y que la investigación “se encuentra en la fase final, por lo que en breve determinaremos las responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse a quienes transportaron el cuerpo del menor en territorio del estado de Puebla, el trato que le hubieran dado al cuerpo y quién lo depositó”.
Hasta este domingo, las causas por las que el bebé fue introducido aún no han sido determinadas; sin embargo, Niño de Rivera señaló que una de las hipótesis es que iba a ser utilizado para un ritual de santería.
El Cereso de Puebla registra una sobrepoblación del 103.8 por ciento, ya que su capacidad es para dos mil 397 personas; sin embargo, hasta septiembre del 2021, albergaba a cuatro mil 886 personas, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La última evaluación realizada por la CNDH en este penal fue en 2019, cuando le otorgó una calificación de 6.69 debido a sus condiciones.
Además de advertir sobre el hacinamiento, el diagnóstico apuntó una insuficiencia para prevenir y atender los incidentes violentos. También evidenció que el personal de seguridad y custodia era insuficiente y detectó la comisión de actividades ilícitas y cobros entre reos, a pesar de contar con normas aprobadas para regir la gobernabilidad del centro.
El 51.5 por ciento de la población penitenciaria en Puebla señaló haber sido víctima de al menos un delito dentro del penal, entre julio del 2020 y julio del 2021, lo que colocó al estado en primer lugar en la medición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Inegi).