La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Congreso de la Unión cometió una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas, como ordena el decreto presidencial publicado el 8 de febrero de 2012, lo anterior, en relación a la controversia constitucional 56/ 2020, presentada por el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, sobre la presa La Boquilla.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte determinó que el Congreso de la Unión cometió omisión legislativa, ya que en la reforma de 2012 establecía que se debía legislar en materia de la Ley General de Aguas y tanto la Cámara de Diputados y la de Senadores contaba con un plazo de 360 días para publicar dicha norma, lo cual no hizo.
“El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 2012 que incorporó el derecho al agua al artículo 4° de la Constitución, bajo el mandato de que la propiedad del agua es originaria de la nación y garantizando el principio de deliberación democrático, dando intervención efectiva a la Federación, estados y municipios en la gestión del recurso hídrico”, señala el proyecto a cargo del ministro Javier Laynez Potisek.
Además, los ministros de la SCJN determinaron que se realizó una afectación a la esfera competencial de Cusihuiriachi, Chihuahua, debido a la omisión legislativa del Congreso de la Unión, ya que afectaron las garantías del municipio a dar acceso y uso sustentable del agua a los habitantes.
En la sesión del pasado 20 de enero, la SCJN inició el análisis en torno a las 18 controversias constitucionales promovidas por municipios de Chihuahua en contra del Ejecutivo Federal por la orden de disponer del agua de La Boquilla para pagar adeudos del Tratado; la utilización de la Guardia Nacional para ejecutar tales órdenes y el Acuerdo de inicio de emergencia por sequía para el año 2020.
En dicha sesión, los ministros consideraron que este municipio no presentó elementos suficientes para impugnar la actuación de la Guardia Nacional en el conflicto suscitado en 2020, cuando el Gobierno federal anunció su intención de cumplir con el tratado bilateral y el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó su oposición a esta acción, lo que ocasionó la muerte de una mujer y la aprehensión de cuatro personas.
Además, los ministros desestimaron el reclamo por la omisión del Legislativo federal de reglamentar la Ley de Aguas Nacionales, pues se trata de un asunto legal que escapa del control constitucional de la Corte.
Cabe señalar que el proyecto del ministro Laynez Potisek propone avalar la decisión del Gobierno federal de entregar a Estados Unidos parte del agua de la presa La Boquilla en cumplimiento del tratado internacional vigente desde 1944.
La Corte continuará mañana el análisis del recurso, además de que aún le faltan por revisar 17 controversias más contra los mismos actos, presentadas por los municipios de Aquiles Serdán, Balleza, Buenaventura, Coronado, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, López, Maguarichi, Manuel Benavides, Namiquipa, Ocampo, Riva Palacio, Santa Bárbara y San Francisco de Conchos.
JVR
