La sobrepoblación penitenciaria es una constante en 16 de los 26 estados que cuentan con focos de alerta por las “importantes deficiencias” y condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2020), los Centros de Reinserción Social de Nayarit, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Sonora y Sinaloa obtuvieron una calificación reprobatoria —de 0 a 5.9—, mientras que la evaluación de otros 20 estados —Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas— oscila entre 6 y 7.6 puntos.
La valoración señala deficiencias para garantizar una estancia digna a los internos, presencia de actividades ilícitas, una inadecuada separación de reclusos y condiciones de ingobernabilidad.
Señal de esto es la riña ocurrida este martes en el Cereso de Colima, donde según el titular de Seguridad Pública estatal, Manuel Llerandi Ruiz, estuvieron involucrados miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Mezcales.
De los estados mencionados, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Veracruz registran una sobrepoblación promedio de 38.7 por ciento, según los registros del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Otras entidades cuyos Ceresos también tienen sobrepoblación son Coahuila, Guanajuato y Nuevo León, pero, contrario a los anteriores, la CNDH encontró una tendencia a la mejora de sus servicios para la población penitenciaria.
Las observaciones sobre las deficiencias de seguridad y condiciones en las que viven los internos, señaladas por la CNDH, así como las estadísticas de sobrepoblación y los hechos ocurridos recientemente en los ceresos de Puebla y Colima, “son la evidencia de que las personas privadas de la libertad son los grandes olvidados de nuestro sistema de justicia penal”, apuntó Carlos Daza Zaragoza, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
En entrevista con La Razón, el especialista argumentó que el proceso de reinserción social cumple los objetivos, excepto el lograr que los internos se reincorporen a la sociedad, ya que las cárceles se convierten en “la universidad de la delincuencia”, fenómeno que responde a una falta de criterio de las autoridades para dictar las medidas cautelares, lo que ha llevado a que en los centros penitenciarios convivan más personas que “cometieron delitos menores con criminales de mayor envergadura”.
“Dentro del propio catálogo que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, como medidas cautelares, la última es la prisión preventiva justificada. No en todos los delitos tiene que encontrarse la persona privada de la libertad para llevar un proceso y saber si es culpable o no”, expuso el académico universitario.
- El dato: Ayer corrió la versión de un amotinamiento en el penal de San Miguel, donde fue hallado en días pasados el cuerpo de un bebé. La SSP Puebla negó que hubiera un “intento de motín”.
