Durante el gobierno de Martín Orozco en Aguascalientes, se han incrementado 151.5 por ciento 16 de los 40 delitos del fuero común, entre ellos algunos de alto impacto.
Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan un ascenso del 94.8 por ciento en los homicidios dolosos al cierre del 2021, respecto al cierre del 2016, cuando concluyó el gobierno anterior; lesiones, 62 por ciento; abuso de confianza, 80.4 por ciento; extorsión, 25.71 por ciento; narcomenudeo, 55.23; hostigamiento, mil 816.67 por ciento; violación simple, 157.58 por ciento, y violación equiparada,144.44 por ciento.
También se encuentran fraude, con 313.82 por ciento de incremento; daño a la propiedad, 169.12 por ciento; despojo, 190.37 por ciento; violencia familiar, 254.73 por ciento; trata de personas, 150 por ciento; amenazas, 240.35 por ciento; allanamiento de morada, 264.56 por ciento, y delitos cometidos por servidores públicos, mil 673.33 por ciento.
Sin embargo, éstos no han sido los únicos, ya que la falta de mecanismos y acciones para proteger específicamente la vida de las mujeres se refleja en un incremento en el número de feminicidios.
La tipificación de este delito fue aprobada por el Congreso del estado en julio del 2017.
En el 2018 hubo cuatro víctimas; en el 2019 fueron cinco; para 2020, tres, y el año pasado la cifra llegó a nueve, mientras que en lo que va de este 2022 se han registrado dos casos.
Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG), durante el año pasado ocurrieron 19 muertes violentas de mujeres.
“Le incomoda de alguna manera, a las autoridades, que haya asociaciones, organizaciones, colectivos o víctimas que hablen de la realidad, pero es que es algo que no se puede negar”, dijo Violeta Sabás, directora de este observatorio, en entrevista con La Razón.
Al respecto, sostuvo que las carpetas de investigación abiertas por este delito, desde el 2017, no han avanzado, a pesar de que en su momento hubo elementos para dar con los responsables, pero las autoridades no solicitaron los peritajes “y, bueno, cinco años después, las familias no tienen ningún avance”, dijo.
“Estados como el de Aguascalientes, por una cuestión política, de no verse señalados como estado feminicida, prefieren no hablar del tema o minimizarlo y considerar que nueve feminicidios no son los suficientes para poder integrar algún mecanismo… Las autoridades consideran que esto disminuiría la inversión, al estar en un estado donde supuestamente se tienen altos estándares de seguridad, cuando vemos que los delitos van en aumento.”
El asesoramiento en procedimientos penales de varios delitos es una de las labores que lleva a cabo este observatorio, lo que ha dejado ver que entre el 80 y 90 por ciento de las víctimas desconoce el proceso de denuncia.
Violeta Sabás comentó que esto dificulta el acceso a la justicia, pues también se conjuga con la falta de colaboración de las autoridades para que las víctimas conozcan sus derechos.
Desde su perspectiva, la estrategia del estado debió ser la prevención, pues la falta de acciones que impidan la comisión de delitos ha llevado a que los ministerios públicos estén “rebasados”.
“Tampoco se apuesta a la prevención; entonces, esta es la exigencia: prevención en todas las violencias, de género, social, comunitaria, sexual; que se integre un mecanismo amplio para todo el estado en el tema de prevención”, externó.
