Por sexta ocasión, un juez negó la libertad a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, luego de que se determinara que el delito de uso indebido de servicio público no está derogado como lo señalaba su defensa.
Esto luego de que la funcionaria de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto es acusada por presunta omisión ante la red de corrupción que desvió recursos públicos por cinco mil 073 millones de pesos, caso conocido la Estafa Maestra.
Alrededor de las 17:30 horas inició la audiencia en la que se determinaría si con la derogación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la exfuncionaria quedaría libre, pues implicaría la prescripción del delito.
Sin embargo, el juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) en el Reclusorio Sur, argumentó que no está derogado el tipo de delito en el Código Penal Federal, “y por lo tanto, resulta improcedente el ejercicio del control difuso”.
De este modo, emitió la sentencia en la que determinó que el ilícito se encuentra vigente por lo que Rosario Robles continuará recluida en la prisión de Santa Martha Acatitla, donde permanece desde agosto de 2019.
Rosario Robles siguió la audiencia vía remota, ya que por la mañana avisó a sus abogados que aún presenta secuelas por el contagio del virus COVID-19 del que se contagió a finales de enero pasado.
La exfuncionaria fue acusada de omisión al no haber reportado la existencia de irregularidades financieras causadas por una red de simulación de servicios y lavado de dinero, según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El 13 de agosto de 2019, Robles Berlanga fue arrestada formalmente y recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, después de que acudir de manera voluntaria a la audiencia en la que el juez Felipe de Jesús Delgadillo determinó el inicio del proceso penal.
La exfuncionaria se declaró inocente y entre 2019 y 2020 ofreció aportar pruebas en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda.
Sin embargo, en febrero del 2021, la Fiscalía General de la República reiteró que Rosario Robles no informó ni evitó los desvíos de sus subordinados por más de cinco mil millones de pesos.
En una audiencia intermedia, la FGR solicitó imponer 21 años de prisión y el pago de la reparación del daño por cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos, monto total calculado por la llamada Estafa Maestra.
El 20 de octubre del 2021, el Juez Ganther Alejandro Villar sostuvo que la exfuncionaria mantenía aún un alto riesgo de fuga, por lo que debía permanecer en el penal. El pasado 30 de diciembre, los abogados de la exsecretaria señalaron que su clienta contaba con problemas de salud, sin embargo, de nueva cuenta el juez determinó que ninguno de los elementos eran suficientes para liberar a Robles.
