El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa para que los integrantes de los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) estén distanciados del Ejecutivo o algún partido político.
La propuesta de la bancada encabezada por Jorge Romero consiste en adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución, referente al nombramiento o ratificación de los integrantes de los organismos públicos autónomos.
Entre los cambios propuestos se plantea que los funcionarios que aspiren a integrar uno de estos órganos no tengan o hayan tenido “algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo federal”.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario argumentó que “se estima pertinente que no exista ningún tipo de relación entre quien ejerce el poder público y quien es parte de un órgano con carácter autónomo. No puede haber mayor beneficio que la imparcialidad en la toma de decisiones y ejercicio de las atribuciones en el cargo público”.
Además, el aspirante a funcionario no podrá haber militado en ningún partido en los últimos 12 años, así como no haber pertenecido a la dirigencia estatal o nacional del mismo.
La iniciativa también prevé que el funcionario no debe haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos doce años.
La bancada panista subrayó que la reforma abarca a los órganos autónomos como el INE, así como a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral.
Por otra parte, el grupo parlamentario también presentará una iniciativa para la creación del Instituto de la Función Pública, en sustitución de la Secretaría, con el fin de que pueda ser un órgano autónomo.
El objetivo, subrayó, es que “pueda cumplir sin complicidades con su responsabilidad de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas, así como la de sancionar las graves y no graves cometidas por servidores públicos federales”.
LRL
