La organización civil México Evalúa informó que la emergencia sanitaria por COVID-19 aumentó la justicia digital, al proporcionar más herramientas tecnológicas para interponer demandas o tener expedientes electrónicos; sin embargo, aún hay un fuerte rezago en su aplicación por la brecha de quienes trabajan a diario con ellas.
Durante la presentación del Diagnóstico para la implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales, la directora de la organización, Edna Jaime, detalló que mientras que en 2019 sólo 16 poderes judiciales contaban con un expediente electrónico, para junio de 2021 ya eran 25.
Además, los poderes judiciales que cuentan con una plataforma para interponer demandas y promociones se duplicaron, al pasar de siete en 2019 a 16 en 2021; aparte en 2019, nueve poderes judiciales contaban con firma electrónica avanzada y para 2021 ya eran 15.
La gran heterogeneidad en el desarrollo tecnológico de los poderes judiciales que se observa hoy en México tiene el riesgo de generar una justicia de primera y una justicia de segundaEdna Jaime, directora de México Evalúa
La buena noticia es que la pandemia incitó a muchos poderes judiciales a subirse al tren de la justicia digital, pero la mala es la creciente brecha entre los que trabajan a diario con esas herramientas y los poderes judiciales con un desarrollo incipienteEdna Jaime, directora de México Evalúa
Por su parte, Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa sostuvo que es necesario implementar una estrategia nacional, y en su caso local, que impulse el desarrollo tecnológico enfocado a mejorar la impartición de justicia.
Precisamente, la pandemia y el cierre de juzgados, que estancaron el trabajo de los poderes judiciales, los obligaron a buscar maneras de realizar sus labores de manera remota. ¿Con qué herramientas tecnológicas contaban los poderes judiciales para impartir justicia en estas condiciones?Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa
Sandra Escamilla, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia señaló que uno de los aspectos positivos es que una vez que termine la emergencia sanitaria, no van a descontinuar las herramientas digitales, sino que se van a fortalecer para brindar un mejor servicio.
RFH
