En Colima se vivó una semana de pesadilla, con recurrentes balaceras y otros hechos de violencia en la capital, que dejaron un saldo de 23 personas muertas y la suspensión de clases por varios días en diversos planteles, entre ellos los de la Universidad estatal.
Esta semana para olvidar, en un estado en donde antes “no pasaba nada”, es el reflejo del desbordamiento de la violencia y la incidencia delictiva registrado a partir del pasado 1 de noviembre, cuando la morenista Indira Vizcaíno Silva tomó posesión como gobernadora.
Tan solo en los primeros dos meses de su administración, el delito de extorsión se incrementó en un 100 por ciento, mientras que el narcomenudeo creció en 115.6 puntos porcentuales.
El climax de inseguridad que se vive en el estado se presentó la semana pasada, durante la cual perdieron la vida en hechos de violencia 23 personas, cifra que representa el 65 por ciento de todos los homicidios registrados en el mes de enero en la entidad.
La muerte de personas relacionada con hechos de violencia no ha dejado en paz a los habitantes del otrora tranquilo estado de Colima. Durante noviembre, el primer mes del mandato de Indira, se registraron 30 homicidios dolosos, cifra que se incrementó a 41 para el siguiente mes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los enfrentamientos que se han registrado se han dado entre al menos dos organizaciones criminales que hasta hace poco eran aliadas y han comenzado una disputa internaIndira Vizcaíno<br>gobernadora de Colima
En enero de este año la cifra bajó y se estableció en 31 homicidios, pero en menos de dos semanas de febrero ya van 28, cifra muy cercana al total del mes anterior.
Calles vacías, escuelas y comercios cerrados y viviendas y vehículos con impactos de bala es parte del panorama que se observó durante la última semana en Colima, derivado del enfrentamiento entre cárteles, el cual no solo dejó, al menos, 23 muertos, sino también se llevó la tranquilidad de quienes viven en el estado.
De acuerdo con la Fiscalía General estatal, los enfrentamientos registrados del 7 al 11 de febrero en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Manzanillo, dejaron como saldo 16 personas muertas, cuatro casas baleadas, cinco autos rafagueados o incendiados, seis heridos, una persona privada de la libertad y dos detenidos.
Sin embargo, tras de que se diera a conocer el comunicado los hechos violentos continuaron, pues de acuerdo con reportes locales, fue secuestrado un empleado de un autolavado donde tres vehículos fueron incendiados y cuatro, robados.
Además hubo siete homicidios más, entre los que se encuentra el cometido en contra un menor de 14 años, quien fue reportado como desaparecido el 10 de febrero y cuyo cuerpo fue localizado este sábado.
Como antecedente de esta ola de violencia, el pasado 25 de enero nueve internos del Centro de Reinserción Social de Colima murieron y siete resultaron heridos durante una riña entre integrantes del grupo delictivo Los Mezcales y del Cártel Jalisco Nueva Generación, según el secretario de Seguridad Pública, Manuel Llerandi.
El pasado 10 de febrero, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva expuso que “los enfrentamientos que se han registrado (esta semana) se han dado entre al menos dos organizaciones criminales que hasta hace poco eran aliadas y han comenzado una disputa interna”.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, durante los primeros dos meses de la administración morenista -que inició el 1 de noviembre-, el delito de extorsión se incrementó 100 por ciento respecto a septiembre y octubre, al igual que el narcomenudeo, cuyo repunte fue de 115.6 por ciento.
Por otro lado, al cierre del 2021 Colima se ubicó como la tercera entidad con la tasa de homicidios dolosos más alta del país, al registrar 65.9 por cada cien mil habitantes, según el Observatorio Nacional Ciudadano.
“Desde hace unos años ha habido violencia, pero no algo tan trascendental. Una situación como la que se está viviendo en Colima, que yo recuerde, no se había vivido antes”, comentó a La Razón Gustavo Alcea, dueño de La Concordia Colima, un restaurante bar que abrió para hacer frente a la crisis de la pandemia y que tuvo que cerrar ante la ola de violencia que azota al estado.
Entre los planteles que suspendieron actividades se encuentra la Universidad Autónoma de Colima, cerca de la cual dos cuerpos fueron dejados el 11 de febrero.
Las autoridades de esta casa de estudios decidieron suspender todas las actividades durante el jueves y viernes de la semana pasada para proteger la integridad de alumnos, docentes y administrativos.
“Ni cuando estábamos en la peor etapa de la pandemia creí tan necesario dejar de asistir a clases como ahora, estamos en riesgo hasta en nuestra propia casa”, fue uno de los comentarios que se desplegaron en redes sociales entre los alumnos atemorizados por la violencia.
Buscará el Senado cambiar la estrategia
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que, ante la inseguridad que “se ha desbordado” en el país, la Cámara alta planteará modificaciones a la estrategia de seguridad para mejorar el combate a la delincuencia organizada.
Señaló que ya revisaron la estrategia de la Guardia Nacional, por lo que tienen considerado conversar con los integrantes del gabinete de Seguridad para hacer las sugerencias respectivas.
Durante un encuentro con el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el también coordinador de Morena en el Senado señaló que, para reducir los índices de violencia en el país, es necesario aminorar la relación de los grupos criminales con el tráfico de armas desde Estados Unidos.
Aseguró que en el Senado se reconoce el esfuerzo del gobierno federal para lograr cambios concretos desde el país vecino del norte.
En ese sentido, dijo que la Cámara alta dará seguimiento a este aspecto de la política exterior mexicana y, con ese objetivo, se seguirá promoviendo el diálogo de alto nivel con las autoridades estadounidenses.
El senador por Zacatecas recordó que en este periodo ordinario las reformas constitucionales representarán un mayor reto de conciliación para su aprobación, pues requieren de mayoría calificada, así como del aval de más de la mitad de los congresos locales, “y para ello necesitamos a la oposición, pues sin ella no podrían prosperar las iniciativas”.
Sostuvo que, en el caso de la Reforma Eléctrica, que busca recuperar la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque concuerda con este objetivo, admitió que “para aprobarla deberemos realizarle modificaciones”.
Por ello, confió en que el parlamento abierto, que organizó la colegisladora para escuchar los puntos de vista de los diversos sectores involucrados, logre generar acuerdos para una eventual aprobación del proyecto en ambas cámaras del Congreso.
