Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano presentaron tres iniciativas para proteger los datos personales de periodistas y defensores de derechos humanos, que contemplan penas de hasta cinco años de cárcel a quien difunda datos de carácter industrial, bancarios o fiscal.
El grupo parlamentario encabezado por Jorge Romero presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de protección a periodistas y libertad de expresión , a raíz de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la conferencia mañanera el sueldo del periodista Carlos Loret de Mola.
"No sólo se ponen en evidencia conductas delictivas en esa actuación al difundir información clasificada como confidencial conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en abierta violación del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación", apuntó la bancada.
En cuanto a la revelación de secretos, establece que se impondrán de 50 a 300 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y la reparación integral a aquella persona que con perjuicio de alguien y sin consentimiento revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.
"La sanción será de uno a cinco años de prisión , multa de 50 a 500 pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial, bancario o fiscal", detalló en la iniciativa.
El grupo parlamentario del PAN también propuso que los periodistas sean incluidos en el artículo 362, el cual contempla que "es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión".
En la iniciativa se planteó que quien intimide o agrada a periodistas o defensores de derechos humanos para evitar que ejerza u obligarlo a que revele el secreto profesional, periodístico o la fuente de su información, se le aplicará de tres a nueve años de prisión y de 500 a 700 días multa, así como la reparación integral del daño. Esta pena se aumentará hasta el doble en funcionarios, además puede derivar en destitución o inhabilitación de cargos públicos
Otra iniciativa presentada por el diputado del PAN, Luis Alberto Mendoza Acevedo, consiste en garantizar que en las reuniones de la Junta de Gobierno del protocolo de protección para periodistas, estén presentes un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores; un representante del Poder Judicial de la Federación; así como el presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, y el presidente o presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado y la cámara baja.
Por su parte, bancada de MC, a cargo de Jorge Álvarez Máynez presentó una iniciativa que busca reformar el artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para establecer que "las personas servidoras públicas se abstendrán de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar" información que ponga en riesgo a periodistas y en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en la ley.
fgr
