El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República aseveró que así como la revocación de mandato representa un avance democrático para México, su implementación también requiere de medidas para impedir que se distorsione y sea utilizada con fines políticos.
A través del estudio "Implementación de la revocación de mandato en México", elaborado por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, señaló que el ejercicio que se realizará el 10 de abril representa es un mecanismo complejo en su implementación y que puede estar sujeto a ciertas problemáticas como generar polarización en la sociedad.
Por ello, destacó que es necesario que cuente con instituciones sólidas y el acompañamiento adecuado de la ciudadanía para que sea utilizada para los propósitos que fue creado.
"La complejidad en su implementación refuerza la inquietud de contar, a su vez, con medidas ciudadanas e institucionales sólidas que vigilen que la revocación de mandato sea utilizada para los propósitos democráticos creados, y así reducir los riesgos de un mal uso o que este mecanismo se distorsione para ser utilizado con otros fines políticos".Instituto Belisario Domínguez
El estudio del Instituto Belisario Domínguez refirió que con la reforma constitucional no sólo se incorporó la revocación del mandato para el Presidente de la República, sino también para los titulares de las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, apuntó que a poco más de 12 meses de haber entrado en vigor la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, 14 entidades federativas ya la reconocen en sus constituciones locales como un mecanismo democrático de participación directa, faltando aún 18 estados por cumplir con su armonización legal.
KEFS