El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Ingrid, para sancionar con más de 10 años de prisión a los servidores que difundan o publiquen imágenes, audio o videos relacionados con un procedimiento penal, que vulneren las condiciones de la víctima.
La iniciativa fue avalada por unanimidad con 470 votos a favor, por lo que pasó al Senado para su análisis.
Esta ley fue nombrada en honor de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, cuyas imágenes de su muerte fueron difundidas en redes sociales e incluso medios de comunicación.
La propuesta impulsada por Laura Imelda Pérez (Morena) y Ana Balderas (PAN) contempla reformar el artículo 225 de Código Penal Federal para sancionar a los servidores que “fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho”.
El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Macías, expuso que la iniciativa incorpora una agravante de las penas cuando se trate de la difusión de información de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
Las penas van de los cuatro a 10 años de prisión, y de 100 a 150 días multa, mientras que se aumentarán en una tercera parte en el caso de las agravantes mencionadas previamente.
Queremos que no se repitan los terribles casos, que si bien, ya es una terrible tragedia cuando se documenta un feminicidio, pero que no se repitan los terribles casos de que esos servidores públicos que estaban encargados de resguardar lo que sucedió en esa escena, sean los primeros en estar divulgando y difundiendo las imágenes, videos e información de la víctima, lucrando con la tragedia y haciendo aún más terrible ese momento para familiares y para seres queridos Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia
Una de las proponentes, la diputada Ana Balderas, subrayó que esta reforma contribuirá a penalizar la revictimización que se produce a través de los servidores públicos, desde el primer respondiente hasta los ministerios públicos.
“No dejemos de lado que hay una historia, una familia, amigos detrás de estas imágenes que se publican clandestinamente con o sin fin de lucro. No queremos ni debemos permitir que existan otras historias como el final que tuvo Ingrid, con esos vídeos tan trágicos”, lamentó.
Por su parte, Laura Imelda Pérez señaló que las mujeres han enfrentado una sociedad machista y patriarcal, aunque aún existen retos para la procuración de justicia en materia de perspectiva de género.
RFH
