En el 2014 hubo una acción sistemática de simulación en las investigaciones que las autoridades realizaron sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para construir una mentira desde las altas esferas del poder, concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Al presentar el tercer informe de sus indagatorias, Angela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Cox refirieron que en los días siguientes a la desaparición de los jóvenes, la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, las autoridades incurrieron en varias irregularidades, entre las que se encuentran omisión y modificación de información, destrucción de evidencia, pruebas falsas, llamadas ficticias creadas por funcionarios, simulaciones en fechas, lugares y formas en que se dieron las detenciones, además de tortura de personas para obtener testimonios falsos.
Los expertos fundamentaron el nuevo informe —el primero durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador— con documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante siete años.
El reporte está dividido en tres secciones: “Sobre el seguimiento que hubo desde distintos aspectos vinculados al caso”, “El ocultamiento de información y la construcción de la llamada verdad histórica” y “Sobre las recomendaciones y pasos a seguir”.
En la primera parte, se confirmó que hubo dos operaciones de inteligencia y seguimiento a los 43 normalistas, por lo menos dos días antes de su desaparición.
También se detalló que las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que ocurría la noche del 26 y 27 de septiembre, pues obtenían información desde el Centro de Coordinación Guerrero Seguro (C4).
Posteriormente, se construyeron pruebas y testimonios falsos mediante tortura, indicaron, y en el caso particular del basurero de Cocula hay evidencia que demuestra que desde el 5 de octubre ya era custodiado por la Policía Estatal; para el 12 de octubre ya lo había revisado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero es hasta el día 27 cuando se reporta el hallazgo de los restos.
De hecho, como parte de los datos nuevos que presentaron los investigadores destaca un video, con fragmentos que forman parte de más de 100 horas de grabaciones, que realizó un dron de la Secretaría de Marina (Semar), que registra hechos correspondientes al 27 de octubre de 2014, en el basurero de Cocula.
Angela Buitrago precisó que la grabación documenta la presencia del entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, y de Tomás Zerón, de la Agencia de Investigación Criminal, todo esto antes de que se hiciera pública la denominada “verdad histórica”.
En el video, que se presentó con explicaciones para la prensa, se detalla que desde las 6:40 horas de ese día se registraron actividades en el basurero; se observa la llegada de camionetas y la presencia de marinos en la zona donde se encuentran los bultos que parecían cuerpos y sobre los que se encendió una hoguera. Ése es el lugar en el que posteriormente se reportó el hallazgo de cuerpos quemados y casquillos percutidos.
A las 8:15 horas, arribaron Murillo Karam y Zerón de Lucio. Luego, alrededor de las 11:00 horas, llegan los peritos de la PGR y hasta las 17:00 horas arribaron al lugar los peritos que acompañaban a los padres de los 43 jóvenes, momento hasta el que se acordonó el sitio.
Buitrago explicó que un video de ese tipo sólo pudo ser ordenado por alguien de alto rango, como el Presidente de la República o un secretario de Estado, como el de Marina.
Insistió en que desde entonces se generó una simulación y pruebas falsas, lo que prevalece hasta el momento, porque, pese a las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hay simulación por parte de diferentes dependencias en la entrega de la información.
“Nos hubiese gustado decir el destino de los 43 estudiantes; lamentablemente no hemos podido. En parte, esto se debe a la destrucción de evidencia y a la construcción de una mentira desde las más altas esferas. También en este proceso, que impide saber el destino final de los 43 estudiantes, no se puede dejar de saber el papel del crimen organizado”, apuntó Francisco Cox.
Por ello, como parte de las recomendaciones que establecieron en el informe, los expertos remarcaron que “para avanzar en el caso es necesario el acceso total a la información y dejar el formalismo por el formalismo que obstruye y retrasa”.
Como parte del tercer informe se puntualizó que los estudiantes de Ayotzinapa eran sujetos de espionaje por parte del Batallón 27 del Ejército, por lo menos desde el año 2010, y las autoridades sabían de presuntas actividades irregulares.
“Uno de los estudiantes desaparecidos era miembro activo del Ejército y reportaba información hacia el Ejército”, remarcó Buitrago.
“Sí sabían que había trasiego de heroína en autobuses, quiénes estaban involucrados, trabajaban con Guerreros Unidos, etcétera; que los estudiantes eran objeto de seguimiento desde hacía 10 años, que había una orden expresa de seguir las actividades de los estudiantes, que, al menos en los documentos, estaban infiltrados por dos elementos de inteligencia”, agregó Claudia Paz.
Ante el cuestionamiento de Epigmenio Ibarra sobre si se podrían fincar responsabilidades por un crimen de Estado, los integrantes del GIEI puntualizaron que la judicialización le corresponde a las autoridades.
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