Un día después de adelantar que enviará una iniciativa de Reforma Electoral al Congreso de la Unión después de la revocación de mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que contempla reducir los legisladores plurinominales, bajar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y que sea un órgano federal el que se encargue de toda la organización de los procesos electorales en el país.
Estas consideraciones forman parte de la propuesta que adelantó el martes, en la que se planteará que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto popular.
“Es reducir el número; nada más que todavía estamos en el análisis de si quedan sólo legisladores electos, se está viendo eso, pero va a haber una disminución, sin duda”, agregó López Obrador, tras reiterar que presentará su iniciativa después de la consulta de revocación de mandato el 10 de abril.
Al cuestionar para qué se necesitaban tantos diputados y senadores, dijo que propondrá la reducción de los legisladores de representación proporcional.
Agregó, que también propondrá en la iniciativa la reducción del presupuesto para los partidos políticos y para el órgano electoral.
“Lo mismo en el caso del dinero a los partidos y al funcionamiento del INE; cuesta mucho, es el organismo electoral más caro del mundo y, además, sin confianza”, expuso.
Además, señaló que, durante décadas, las autoridades electorales han sido conformadas por cuotas partidistas, para actuar de acuerdo con intereses políticos.
Por ello, planteó que los candidatos y candidatas a consejeros y magistrados electorales podrían ser personas del pueblo y no de las “élites”, luego de señalar que sólo políticos y académicos forman parte del Consejo General del INE.
“Que se proponga como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país”, expresó el mandatario.
Debido a que actualmente el INE y los Organismos Públicos Locales se encargan de la organización de las elecciones en el país, el Presidente López Obrador señaló que propondrá que sea un solo organismo federal el que se encargue de los comicios, tanto federales como locales.
“Vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto, porque se tiene el órgano federal y los estados”, dijo.
Entre los cambios a la ley electoral que propone el Presidente, se establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten 20 candidatos cada uno para tener un total de 60 ciudadanos con paridad de género.
“Y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo; el que tenga más votos de todos”, dijo el mandatario.Quien obtenga más votos de la ciudadanía, sería el o la nueva presidenta del INE.
PAN y PRD dan su respaldo al árbitro
Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, aseguraron que no permitirán que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su cometido de controlar a los organismos autónomos y pisotear la democracia.
“Nuestro absoluto respaldo al INE (Instituto Nacional Electoral) y a las instituciones de nuestro país. No vamos a permitir que sigan acomodando la ley a su antojo y pisoteen nuestra democracia”, destacó el panista en sus redes sociales.
“El titular del Ejecutivo está empecinado en debilitar y manejar a su antojo el INE y al TEPJF. Lo decimos claro, no logrará su mayoría, no vamos a permitir viole procesos electorales, la ley y atente contra la democracia que tantos años ha costado se garantice en nuestro país”, detalló el perredista en un comunicado.
Zambrano Grijalva señaló que los ataques en contra del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se realizan porque se apegan a derecho, y echan para atrás las prácticas que se realizan desde Palacio Nacional.
“No les gusta jugar limpio y cuando ya se están frotando las manos, el Tribunal declara que no es aplicable el decretazo que permitía a funcionarias y funcionarios promover la revocación de mandato y después el titular del Ejecutivo sale a decir que habrá una reforma electoral para que las y los ciudadanos elijan al Consejo General del INE y a las y los magistrados del TEPJF, pero ya sabemos el trasfondo de este anuncio, no es más que la pretensión de un control absoluto y de tener las manos libres para sus triquiñuelas”, dijo.
Señaló que la coalición Va por México continuará frenando los atropellos en contra de la autonomía de los órganos electorales.
Presidencia se queja por número de casillas
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de instalar un número menor de casillas para la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril.
De acuerdo con la dependencia, el INE incumplió la suspensión que le otorgó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en diciembre pasado, al ordenar que se realice la consulta de la manera más eficiente, como lo permita el presupuesto programado.
Es por ello que, aseguró, el órgano electoral utilizó la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recortar el número de sitios de votación a menos de 57 mil 500 en todo el país.
En la queja, agregó que la disminución “discrecional e injustificada” del número de casillas afectaría el derecho a la participación política de los ciudadanos, debido a que la asistencia no será conforme al listado nominal, por lo que se vulnerará el derecho al voto.
El ministro González Alcántara Carrancá fue quien recibió el recurso de queja y emplazó al INE para que, en los próximos 15 días, informe sobre la razón que tuvo para instalar un número de centros comiciales menor al de una consulta popular o una elección federal, que es de poco más de 161 mil.
En diciembre del año pasado, la Suprema Corte determinó que el órgano electoral deberá realizar la consulta de revocación de mandato, a pesar del recorte a su presupuesto para este 2022.
Advirtió, además, que en caso de no cumplir con lo mandatado, el órgano electoral podría incurrir en responsabilidades administrativas y penales.
Esta resolución se dio al resolver la controversia constitucional presentada por el árbitro, en la que argumentó que el recorte presupuestal le impediría cumplir a plenitud con la obligación constitucional de realizar el ejercicio de revocación.
La disposición para que se realice la revocación de mandato con el presupuesto asignado de la manera más eficiente fue reiterada en febrero de este año por el ministro González Alcántara Carrancá, luego de resolver que no se debía ejercer algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General del INE.
Esto se debió a que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, promovió una denuncia penal en contra de seis consejeros que avalaron la suspensión temporal de la revocación de mandato.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló en diversas ocasiones que el recorte de presupuesto ponía en riesgo la consulta, debido al recorte por cuatro mil 900 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados.
Incluso, el INE recurrió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir recursos adicionales, con el propósito de asignarlos a esta consulta ciudadana, pero su petición fue rechazada.
Oposición lleva ante Corte recurso contra decreto
Las bancadas parlamentarias del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural en el Senado presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental que avaló la mayoría legislativa.
El recurso presentado por la oposición también impugna las diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato que buscan que legisladores, gobernadores y demás servidores públicos, incluido el Presidente de la República, puedan promover el ejercicio.
“En tiempo y forma comparecemos respetuosamente ante sus señorías para promover demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2022, emitido por el Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual ‘se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449 y 33’”, indica el documento que presentaron los senadores.
Señalaron que este decreto contraviene la Constitución y que esta excepción modifica de manera sustancial y grave la equidad en éste y los subsecuentes ejercicios electorales.
En la acción de inconstitucionalidad destacaron que el 28 de marzo pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable este decreto para la revocación.
Apuntaron que a partir de la resolución de los magistrados electoral se estableció que el decreto aprobado en el Senado “no realiza una interpretación auténtica del concepto de ‘propaganda gubernamental’, sino que se establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda durante el desarrollo de un proceso de revocación, lo cual es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución general”.
Los senadores de PAN, PRI, PRD y del Grupo Parlamentario Plural confiaron que esta acción de inconstitucionalidad sea considerada con la misma convicción y vocación que la resolución del TEPJF.
Ratifican a Jara como candidato en Oaxaca
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la candidatura de Salomón Jara como abanderado de Morena a la gubernatura de Oaxaca.
Con una mayoría de cinco votos, los magistrados de la Sala Superior rechazaron la propuesta que presentó el ponente José Luis Vargas Valdez, quien había planteado que Morena privilegiara la candidatura de una mujer en el estado, como resolución al recurso legal que presentó la senadora Susana Harp, quien aspiraba a la candidatura del mismo partido.
No obstante, los magistrados electorales consideraron que ese partido cumplió con todas las etapas procesales, a partir de la convocatoria que emitió el pasado 8 de noviembre, para definir a su abanderado.
El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, precisamente por ello se apartó de la propuesta de Vargas Valdez, ya que recordó que la candidatura de Jara cumplió con todos los procedimientos correspondientes al proceso interno de Morena.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera expuso que hacer un ajuste para que el guinda postulara a una mujer en Oaxaca, a esta altura del proceso, impactaría no sólo al partido, sino a todos los candidatos registrados para contender en las campañas que inician el próximo domingo.
“El pretender implementar la regla de alternancia únicamente en el estado de Oaxaca y sólo para Morena tendría un impacto importante y desproporcionado en los derechos político-electorales de muchas personas, que incluso ya fueron registradas para participar como candidatos de distintas fuerzas políticas”, expuso.
En el mismo sentido se expresó el magistrado Indalfer Infante, quien consideró que el guinda mostró un método competitivo y paritario entre hombres y mujeres, por lo que estimó que no es viable hablar de alguna discriminación hacia Susana Harp.
“Advierto que el partido Morena de alguna forma atendió a un método, a un mecanismo de competitividad, como precandidatos y como candidatos a un hombre y a una mujer entre estados, por lo que, al no advertirse que haya alguna discriminación hacia la actora o algún otro dato por su condición de ser mujer, considero que no hay elementos para poder hacer alguna modificación en esa determinación”, explicó, al fijar su postura.
La única magistrada que apoyó la propuesta de Vargas Valdez fue Mónica Soto, quien consideró que “ésta es una manera de dar respuesta real, tangible y de decir: la paridad, ya”.
Rechazó el argumento de los otros magistrados respecto a que si Morena postuló mujeres en otros estados como Quintana Roo, entonces ya se puede justificar que en Oaxaca ya no lleve una candidata.
“Me parece que tiene que haber un análisis contextual de cada uno de los casos y Oaxaca es un tema muy sustantivo, porque además de toda la historia lacerante en el ejercicio de los derechos de las mujeres, en todos los niveles, de todos los derechos, por supuesto, los derechos político-electorales, no ha estado fuera de esa brecha y de esa discriminación”, indicó Soto.
En su resolución, los magistrados también avalaron, por mayoría, ordenar a los partidos que para los próximos procesos definan las reglas requeridas para garantizar la paridad, lo que deberá ser vigilado por el Instituto Nacional Electoral (INE), y también se deberán asegurar que se postule a mujeres “en campañas ganadoras”.
