La discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) quedó en vilo, pues será hasta mañana jueves cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los tres recursos legales interpuestos por senadores, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Poder Ejecutivo del Gobierno de Colima, de la administración anterior.
Los tres proyectos sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias fueron turnados a la ministra Loretta Ortiz, cuyo impedimento para votar en la sesión -debido a que, durante su periodo como diputada, en el sexenio de Enrique Peña, votó en contra de la reforma energética- fue rechazado por ocho de los ministros.
Quien votó en contra de su participación fue Norma Lucía Piña, quien a pesar de decir que no existía razón para dudar de la imparcialidad de Ortiz, refirió que su participación impactaba en la proyección de credibilidad de la decisión que tomaría el tribunal.
Las consideraciones previas respecto al proyecto para resolver la acción de inconstitucionalidad, promovida por senadores de oposición, fue la primera parte en ser sometida ayer a discusión.
Durante ésta, Loretta Ortiz planteó que el acceso al servicio de la energía eléctrica debería contemplarse como un derecho humano, y que en ningún apartado de la Constitución se reconoce como tal, por lo que el Estado debería garantizarlo.
Tras recibir los votos en contra de seis ministros -Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán-, el apartado de consideraciones previas fue desechado.
Posteriormente, la ministra ponente comenzó la exposición para el estudio de fondo del proyecto, en donde argumentó que se requiere contar con diversas fuentes generadoras, ya que el funcionamiento de las energías limpias, a base de las plantas eólicas o solares, dependen de otros factores, por lo que no generan energía en forma constante.
Una de las impugnaciones presentadas por los senadores va contra el artículo 26 de la LIE, punto en el que los promoventes alegaron una violación al principio de libre competencia y concurrencia, dada la priorización que se le otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el despacho de energía.
La ministra consideró lo anterior infundado, bajo el argumento de que los artículos estudiados no privilegian exclusivamente a las centrales que son propiedad del Estado.
Durante su intervención, el ministro Javier Laynez apuntó que a la Corte no le compete discutir sobre las políticas públicas del sistema eléctrico, sino que debe abocarse a procurar que se respete el marco constitucional. En ese sentido, se expresó en contra del proyecto.
El ministro José Luis González Alcántara se manifestó en favor, pero con consideraciones, al afirmar que, contrario a lo expuesto por la ministra, sí existe una interferencia en la libre competencia y expuso su desacuerdo con la validación de los artículos 3, 4, 26 y 53 de la citada ley.
En entrevista, el consultor Gonzalo Monroy aseguró que “no existe ninguna sorpresa en cuanto a que sean justamente los ministros que fueron propuestos por Andrés Manuel López Obrador, los que se han declarado a favor de la iniciativa y, bueno, simplemente tendremos que seguir esperando los resolutivos del jueves”.
Por otro lado, afuera de la SCJN se encontraron dos movilizaciones: una, en la que ciudadanos acudieron a externar su apoyo a la reforma de la LIE, mientras que otra fue integrada por asociaciones civiles y activistas a favor del medio ambiente, quienes respondieron a la convocatoria emitida este lunes, para reunirse y exigir que los ministros declaren la inconstitucionalidad de la ley, pues advirtieron que de lo contrario habrá efectos “nocivos” para el planeta. El encuentro entre ambos grupos provocó un ligero altercado, aunque no pasó a mayores.
- El dato: En el debate se abordan, entre otros puntos, el orden del despacho en el sistema eléctrico, trato nacional en el TIPAT y el T-MEC, y mecanismo de certificado de energías limpias.
ONG pide a ministros no ceder a presiones políticas
La organización civil México Evalúa solicitó a las ministras y ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) no ceder a la presión política, y privilegiar en todo momento la independencia del máximo tribunal, en el marco de la discusión sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
De acuerdo con la organización, el proyecto busca desechar la acción de inconstitucionalidad de 48 senadores del país, por lo que de entrar en vigor la LIE tendría efectos nocivos para el medio ambiente, la salud y la economía de los mexicanos, al perjudicar la capacidad de cumplir con los objetivos de generación eléctrica con fuentes renovables.
En este tenor, la ley incentivaría el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y privilegiaría la generación de energía eléctrica a costos más altos que los actuales, ocasionando distorsiones severas a la economía nacional y a las familias mexicanas.
México Evalúa señaló que el sector eléctrico requiere de cambios para fortalecerse, así como enfrentar el cambio energético con energías limpias.
“Ésta es una prueba para la división de poderes para el Estado mexicano, y le toca a la Corte resolverla; demostrar que sí existe la división de poderes y confirmar su autoridad como máxima instancia judicial y no como un anexo del Poder Legislativo”, destacó.