El Gobierno de México anunció ayer que tras la validación de la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora revisará contratos y revocará permisos de autoabasto de energía irregulares.
“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley”, se lee en un documento difundido por la Presidencia de México.
Detalló que actualmente existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales que tienen 77 mil socios-clientes, ya que se compra venden energía eléctrica y capacidad.
En el documento, aseguró que también se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los que en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente.
El Gobierno de México señaló que a estas centrales de producción independiente se les paga el 100 por ciento de la energía por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque no se entregue.
Destacó que la SCJN fue clara y precisa al declarar la constitucionalidad de diversos artículos de la LIE, por lo que enumeró las consecuencias favorables para el Estado y la CFE.
“La CFE podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación. Las hidroeléctricas tendrán un despacho prioritario”, señaló.
Refirió que la empresa productiva subsidiaria de CFE, suministro Básico, podrá celebrar contratos con las centrales eléctricas de CFE que tienen compromiso de entrega física.
Con la resolución de la Corte, ahora el acceso a las redes eléctricas sólo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. “A partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico”, agregó.
También se establece, según se aseguró, que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tiene la facultad de decidir el despacho de las centrales eléctricas en función de la confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional.
Finalmente, el Gobierno federal señaló que con esta resolución “se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera“.
lemm.
