El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU aseguró que el crimen organizado y los servidores públicos son los responsables del creciente número de desapariciones que hay en México, tras presentar su informe sobre la vista que realizaron en México en noviembre de 2021.
Ante el grave panorama que hay en el país, la ONU instó al gobierno mexicano a realizar acciones inmediatas para acabar con la impunidad, así como la creación de una política nacional para prevenir este delito al que calificaron como “tragedia humana”.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, dijo Carmen Rosa Villa Quintana, Jefa del Comité que visitó México.
Durante la presentación del informe mencionó que el fenómeno de las desapariciones un fenómeno cohesionado, ya que entre 206 y 2021 hay un crecimiento exponencial del delito de un 98 por ciento, además que dan cuenta de diferentes patrones de desaparición entre servidores y delincuencia organizada.
“La población mayormente afectada es de jóvenes entre 15 a 40 años, sin embargo, las cifras oficiales notan un aumento notable de niños, niñas y adolescentes desde los 12 años que tienen por objetivo ocultar la trata de personas, abuso sexual, feminicidio y explotación sexual. Preocupa la desaparición de defensores de derechos humanos en su proceso de búsqueda, además de la desaparición de periodistas, no ha habido sanciones a los responsables”, indicó.
Además, comentó que otros sectores de la población en riesgo por el delito son los indígenas y la comunidad LGBTI en un proceso de limpieza social, además de entre los factores que contribuyen a la problemática es la falta de información en los centros penitenciarios o durante los traslados de un penal a otro. Hemos observado los obstáculos que enfrentan para hallar su paradero”, dijo.
En el contexto de la migración detectaron condenaron las desapariciones que hay en el país de personas en contexto de movilidad humana, ya que Carmen Rosa Villa Quintana asegura que los criminales usan los teléfonos de los migrantes muertos, para llamar y cobrar rescates, aparte de que hay una práctica de abandono de extranjeros en lugares desconocidos y sin recursos.
En otras partes del país como en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo reportan desapariciones de choferes y sus acompañantes, otras son por temas relacionadas a tráfico de combustible y en centros de internamiento de adicciones; además, preocupa a la ONU el riesgo de las mujeres en este contexto de violencia.
El Comité señala la existencia de una impunidad es un rasgo estructural “casi absoluto” ya que las autoridades cubren todo rastro de desaparición de personas, aparte que esta opera como factor de revictimización y no permite que se ataque el delito. “Al 26 de noviembre de 2021 entre 2l 2 y 6 por ciento de casos de desaparición habían sido judicializados, solo se han emitido 36 sentencias a nivel nacional. La actitud pasiva de las desapariciones contribuye a la desconfianza de las personas, por ello hay un alto número de denuncias que no se realizan”, estimó.
Respecto a la crisis forense, Carmen Rosa Villa Quintana dijo que cerca de 52 mil personas no han sido identificadas y los servicios forenses son insuficientes, aparte que los instrumentos y políticas de identificación humana no son suficientes para avanzar en la problemática.
“La crisis se da por la incapacidad de responder a la gran cantidad de cuerpos y restos humanos que hay en los servicios médicos forenses y falta de actuación de las autoridades. Es necesario tomar en cuenta los criterios de responsabilidad de los funcionarios y avanzar en contra de la impunidad”, aseveró.
lemm.
