Las autoridades deben localizar y diagnosticar a las niñas, niños y adolescentes que cuenten con madres o padres en reclusión para garantizar la protección de sus derechos y así también poder canalizarlos a programas de educación, salud y comunitarios para su desarrollo personal.
Así lo aseguró Emma Martínez Oloarte, jefa de Departamento de Políticas de Defensa y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de la Secretaría de Gobernación.
Martínez Oloarte aseguró que la aplicación de la Cédula de Identificación de Necesidades se inicia en los centros penitenciarios con el permiso previo de madres, padres o personas tutoras, se informó a través de un comunicado.
Se agregó que con este proceso se permite empezar la atención integral e interinstitucional de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la Dirección General de Instituciones Abiertas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (DGIAPRS) hasta febrero de este año se habían aplicado 12 mil cédulas y se han atendido a 200 niñas, niños y adolescentes a través de visitas domiciliarias.
Aunque advirtió que la DGIAPRS ha presentado diversas dificultades debido a que en algunos centros el tema no es prioritario, por lo que también han comenzado a promover asesorías para sensibilizar a las autoridades penitenciarias, judiciales y otras relacionadas.
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