El bloque legislativo de la 4T cerrará su primer año de la LXV Legislatura sin consolidar cambios a nivel constitucional, entre la falta de acuerdos y diálogo con la oposición, y la pérdida de 54 curules que les restó margen de actuación.
En el 2018, Morena llegó por primera vez con mayoría a San Lázaro y, en ese periodo, se consolidaron cinco reformas constitucionales, entre las cuales había cambios clave para el primer tramo del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Reforma Eléctrica fue el primer reto de la coalición Juntos Hacemos Historia en esta Legislatura, la cual fue enviada por el Ejecutivo desde el 1 de octubre.
El análisis se prolongó durante siete meses, incluyendo un Parlamento Abierto y debate entre las fracciones políticas, que no lograron conciliar un dictamen que tuviera el respaldo de la mayoría, por lo que fue desechada el domingo pasado, convirtiéndose en la primera reforma constitucional enviada por el Ejecutivo que no es avalada en San Lázaro.
En contraste, durante el primer año de la anterior Legislatura (LXIV), cuando el bloque de Morena y sus aliados tenía 330 diputados, se logró la aprobación de cinco reformas constitucionales.
Tres años después, pasó de 330 a 276 diputados, con Morena como el grupo parlamentario de mayor descalabro, al pasar de 252 a 203 legisladores en sus filas, tras las elecciones del 2021.
En contraste, en la legislatura pasada Morena logró consolidar una de las principales promesas de campaña del Presidente López Obrador: establecer en la Constitución el proceso de revocación de mandato, el cual se consolidó el pasado 10 de abril, con el ejercicio de la consulta.
Otra reforma clave fue avalada en febrero del 2019, con la creación de la Guardia Nacional, que avanzó en consenso de la oposición, con la promesa de mantener un mando civil.
La tercera fue una reforma en materia educativa que, entre otros cambios, desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
El cuarto golpe del Gobierno fue la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, entre éstos el huachicol, el enriquecimiento por actos de corrupción y el uso de programas sociales con fines electorales. Finalmente, se aprobó una quinta reforma constitucional, con respaldo de todas las fracciones, en materia de paridad de género.
En el primer año de la actual legislatura, los diputados han aprobado 109 dictámenes de reformas en materia electoral, niñez, género y otros temas. Sin embargo, gran parte de los esfuerzos legislativos se enfocaron en la iniciativa eléctrica.
Al cumplirse los tres años del Gobierno, el coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, aseguró que con las tres reformas pendientes se consolidaría el proyecto de la 4T, pero en la primera de las tres perdió ya la votación.
Al conservar la mayoría simple, Morena y sus aliados han impulsado otros temas, como el decreto de publicidad para permitir a los funcionarios promover la revocación de mandato, en uno de los muchos frentes que se abrieron contra el Instituto Nacional Electoral (INE).
En el mismo tema electoral, Morena y aliados también consolidaron una reforma a la Ley General de Partidos Políticos, para la devolución de prerrogativas, a petición del dirigente del partido guinda, Mario Delgado, quien lo solicitó a los legisladores durante la reunión plenaria previa al inicio del periodo.
Esta modificación a la ley permitirá que los partidos devuelvan parcialmente sus prerrogativas, aun después de que hayan sido entregadas por el INE, y podrán hacerlo directamente a la Tesorería de la Federación, sin necesidad de autorización del órgano electoral.
En esta legislatura, la apuesta presidencial está en dos reformas constitucionales más. La primera es la reforma electoral, entre cuyas propuestas López Obrador ha planteado la elección de los consejeros del órgano electoral.
La otra es una reforma a la Guardia Nacional, para adscribir este cuerpo de seguridad a la Sedena, pese a haber nacido con un mando civil.
Presidencia perfila enviar reformas a la Cámara alta
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, señaló que la Presidencia de la República evalúa si enviará alguna de las reformas constitucionales pendientes, la electoral o de la Guardia Nacional, a la Cámara alta, ante el buen ambiente que prevalece, a diferencia de la Cámara de Diputados.
Tras reunirse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que dialogaron sobre las iniciativas hacia el cierre del periodo ordinario de sesiones y comentó que todavía se analiza si las reformas constitucionales que le interesan al Presidente Andrés Manuel López Obrador se procesarán en un periodo extraordinario o esperarán hasta el ordinario, en septiembre.
“No va a ser fácil. No será fácil ninguna de las dos, pero sí se pueden plantear iniciativas para empezar a trabajarlas. Será difícil, pero nos dan estos meses de receso, nos puede servir para hacer un análisis juicioso sobre todas las materias que se presenten, sobre todo estas dos: la política electoral y la de la Guardia Nacional”, comentó.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena destacó que la reunión con el encargado de la política interna del país fue amable y además de las reformas revisaron otros asuntos.
“Algunos nombramientos, que estamos viendo, que han enviado, y también algunos tratados internacionales o acuerdos de la OIT en materia laboral, que necesitamos actualizar ahora que inició la nueva estructura en materia laboral”, dijo.
Monreal reiteró que el ambiente en el Senado es un espacio propicio para deliberar reformas constitucionales y alcanzar acuerdos.
“Hay un buen ambiente en el Senado, él (Adán Augusto López) lo sabe, hay un ambiente de respeto con todos los grupos parlamentarios; no hay ruptura con ninguno de ellos y hay un ambiente propicio para revisar, discutir y deliberar sobre reformas constitucionales.
“Es lo que creo que ellos están percibiendo, que la Cámara de Senadores es un lugar en donde se pueden lograr acuerdos y consensos”, señaló.
El político zacatecano declaró que en el encuentro con López Hernández no platicaron sobre las críticas que ha hecho la oposición por su participación en mítines de Morena para promover la revocación, y aseguró que pese a esos incidentes el Senado lo reconoce como interlocutor válido.
“El secretario de Gobernación tiene interlocución válida con nosotros, lo apreciamos y lo respetamos”, expresó.
