Hasta febrero de este año se contabilizaron 94 mil 539 personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia, que representan el 42 por ciento de la población penitenciaria del país (224 mil 864) y que, a la vez, también indica un incremento de 23.6 por ciento respecto al mismo mes del 2020.
Más allá de la cifra, este número también refleja el aumento de violaciones a los derechos humanos de aquellas personas cuya culpabilidad no ha sido confirmada y que, mientras tanto, se enfrentan “al brazo punitivo del Estado” bajo la última de 14 medidas cautelares contenidas en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que es “como si fueran dulces, de forma casi sistemática”.
Así lo refirió Grecia Granados, maestra en Política Criminal de la UAM, quien en entrevista con La Razón señaló que, “de la legalidad a lo correcto o lo humano, hay mucha diferencia”, y esta medida llega a un extremo “lascivo” que además no cumple con su objetivo: lograr la reinserción social de las PPL y reducir la incidencia delictiva en el país, indicador que subió 7.7 por ciento entre enero del 2021 y 2022.
Una persona que no fue culpable, no tendría que merecer o implicar una reinserción a la sociedad y, además, en teoría, no hay un proceso de reinserción para esas personasGrecia Granados <br>Maestra en Política Criminal de la UAM
Registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apuntan que, en febrero del 2020, la cifra de internos e internas que se encontraban en esta situación jurídica era de 76 mil 482 y la cantidad subió 21.3 por ciento para el mismo mes del 2021, al acumular 92 mil 281 personas enfrentando su proceso en prisión, en lo que se determina su culpabilidad o inocencia.
Para este 2022, 81 mil 218 (85.9 por ciento) corresponden a aquellas señaladas de haber cometido algún delito del fuero común, de las que 93.1 por ciento son hombres y 6.9 por ciento, mujeres.
En lo que se refiere a las personas no sentenciadas y señaladas de incurrir en ilícitos del fuero federal, la cifra alcanzó 13 mil 321 PPL, representando así 14 por ciento, del que 12 mil 62 corresponde a población masculina y mil 259, a femenina.
A pesar de que la cantidad de mujeres (seis mil 849) sin sentencia en este año es 12 veces menor a la de hombres (87 mil 690), es el sector con mayor incremento, pues entre febrero del 2020 y el del 2022, el repunte fue de 37.9 por ciento, contra 22.6 por ciento respecto a los hombres.
En ese sentido, Grecia Granados señaló que la problemática se agrava porque México tiene una procuración e impartición de justicia sin perspectiva de género, que permea en sociedades latinoamericanas.
“Vemos problemáticas como no tener toallas para la menstruación, no tener agua potable para procurar la higiene íntima durante esos tres a siete días. Son problemáticas que no tienen los hombres privados de la libertad”, señaló.
No obstante, la especialista apuntó que trabajar en la tarea de mejorar la impartición de justicia en el país también le compete a la sociedad, para que contemple que la prisión no siempre es la medida efectiva de “pagar una pena” y que lleva a “rebasar lo jurídico”, pues no se puede eximir la implicación de la presión social en la operación y aplicación de la ley.
“Una persona que no fue culpable, no tendría que merecer o implicar una reinserción a la sociedad y, además, en teoría, no hay un proceso de reinserción para esas personas”, comentó.