“Fiscalías no han comprendido violencia y revictimizan a mujeres”

Las fiscalías y agencias del Ministerio Público del país deben mejorar su funcionamiento, porque todavía no comprenden las razones que motivan la violencia de género y sólo revictimizan a las mujeres, lo que aumenta la impunidad en el país, aseguró Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

La funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que las áreas de procuración de justicia deben aplicar, respetar y poner en práctica realmente los protocolos para prevenir y proteger a las mujeres, pues el Gobierno federal les ha dado constante capacitación para que realicen la labor con perspectiva de género, pero en muchos lugares todavía no se aplica.

En entrevista con La Razón, dijo que a pesar de que los homicidios de género van a la baja, no significa que el país esté bien, sino que se debe reforzar el combate a las causas que originan la violencia contra las mujeres.

Desde la Segob, ¿cómo ven la violencia de género en el país? Es un reto muy grande sacar adelante esta tarea, primero reconociendo el tamaño del fenómeno que tiene muchas aristas: psicológica, cibernética, sexual, patrimonial y física, que se traduce en feminicidios. La tenemos muy diagnosticada en el país y sabemos en qué regiones ocurre, y sabemos por qué motivos ocurren estos delitos; reconocemos que en ocho de diez casos el agresor es alguien cercano a la mujer.

¿Cómo se implementan los programas para prevenir y proteger a las mujeres en el país? Partimos de reconocer cuáles son las causas que provocan la violencia, como la exclusión social, la pobreza, falta de oportunidades para la gente; por ello, pensamos que los programas sociales impactan de manera directa hacia las mujeres y en su desarrollo, y son una buena acción para comenzar a atacar el delito.

Son 35 millones de mujeres a las que benefician los programas con diferentes accesos como becas o educación, pero en términos estructurales es atacar a las causas. Por otra parte, el Programa Integral para Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia busca apoyar a las mujeres con atención jurídica, psicológica y pensión alimenticia, entre otras.

¿Cuáles son las principales causas de la violencia de género? Algo que es central es acabar con la impunidad, ya que se debe mejorar el funcionamiento de las fiscalías en las entidades, pues deben estar enfocadas en la atención a las mujeres, Las fiscalías de feminicidios, contra la violencia de género, pero hay un gran rezago por la incomprensión de las razones de género que motivan este tipo de delitos.

Hemos fortalecido la comunicación con las fiscalías para que haya más y mejor investigación con perspectiva de género, que no se revictimice a las mujeres, que no les echen la culpa por haber vivido algún episodio de violencia; estamos en una batalla permanente por eliminar esa revictimización, principalmente en las agencias del Ministerio Público.

¿Las fiscalías son el problema, son las que realmente se resisten? Nos están quedando a deber en general las áreas de procuración de justicia, es ahí el tema, es ahí la cuestión. Una fiscalía que actúa a tiempo, con perspectiva de género, que no revictimiza a las mujeres, que integra de manera adecuada las carpetas de investigación, va a tener mejores resultados y sentencias.

Tienen mucho que hacer, identificando, por ejemplo, de qué tipo de delito se trata. Hay muchas áreas de oportunidad; por ejemplo, si una mujer va por violencia familiar y no se le atiende, pero resulta que a las dos o tres semanas sube de tono y la mató, por eso se tiene que prevenir desde ahí; hay muchas deficiencias que se tienen que resolver.

Entonces, ¿se debe reforzar la ley para las mujeres o leyes penales? No, lo que se tiene que hacer es que se pongan en práctica, que las respeten y que las apliquen realmente. Hay protocolos y modelos para juzgar e intervenir y hemos capacitado a jueces y al ámbito de procuración de justicia, pero ahora ya nadie puede decir que desconoce los protocolos; todos los conocen y saben su actuación, eso quedó en el pasado.

¿Cuándo se deben presentar ya resultados de las estrategias de la Secretaría de Gobernación en el combate a las violencias contra la mujer? El pasado 25 de abril, la secretaria Rosa Icela Rodríguez presentó resultados de violencia contra las mujeres y ahí dijo que en el primer trimestre del 2022 bajaron en 12 por ciento las muertes violentas de mujeres.

Todos los días perdieron la vida nueve mujeres por el simple hecho de serlo; es decir, bajó, pero no quiere decir que estemos bien o que estemos satisfechos; al contrario: así fuera sólo una mujer, ya es suficiente razón para reforzar las estrategias.

El país está por llegar a las 100 mil desapariciones, de las que 24 mil 700 son mujeres; ¿qué se debe hacer también para protegerlas de este delito? Estamos desplegando con la CNB un modelo para mujeres desaparecidas; por ejemplo, tenemos el protocolo Alba, Amber y el de búsqueda; lo que hacemos es homologarlos y dejar claro que las fiscalías y las autoridades, en el momento en que una familia acuda a decir que un familiar está ausente, tienen que iniciar la búsqueda de inmediato y no esperar 72 horas, ya que esas horas son muy valiosas, por ello se requiere toda la colaboración para implementar los protocolos.

“Difícil, festejar el 10 de mayo con un familiar desaparecido”

Con la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, madres y familias encabezaron ayer la XI Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a sus Hijas e Hijos en al menos 14 entidades del país, para exigir a las autoridades la búsqueda y aparición de sus hijos y familiares no localizados.

Desde temprano, miles de mujeres marcharon en Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

En Nuevo León, durante su día, madres de personas desaparecidas acudieron a una protesta en el edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual fue tapizada con fichas de búsqueda, carteles y pintas por colectivos feministas, durante la manifestación que hicieron por la muerte de Yolanda Martínez Cadena.

En Zacatecas, las madres manifestantes exigieron que se aceleren las investigaciones por parte de las autoridades para que encuentren a sus hijos, muchos de ellos desaparecidos desde hace años, ya sea en circunstancias de violencia o simplemente que no volvieron a sus casas por motivos que se desconocen.

El contingente mayoritario se congregó en la Ciudad de México, donde al menos 800 mujeres de varios estados concurrieron a la avenida Paseo de la Reforma.

“Se hace indispensable la presentación con vida y castigo a los culpables. De este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, clamaron los manifestantes.

Con cartelones, mantas y fotos de personas no localizadas, las familias gritaron consignas y exigieron justicia y sanciones para quienes se llevaron, secuestraron y desaparecieron a sus seres queridos.

Martha Trejo tiene desaparecido a su sobrino desde el 2012, cuando salió a la escuela en la Ciudad de México, y, 10 años después, sigue exigiendo justicia y su localización: “desde el momento que él desapareció, para la familia no hay festejos. Es gritarles a las autoridades y esperar respuesta en cada momento”.

Con lágrimas por el recuerdo de su sobrino, Martha cuenta a La Razón que busca una respuesta del porqué se lo llevaron, con la esperanza de dar con la verdad y esperar a ser hallado con vida.

“Él era un excelente estudiante y el gobierno no me ha ayudado en nada; seguimos luchando y esperando una respuesta que no nos han dado”, agregó.

Conrado García, quien llegó a la marcha desde Tamaulipas, perdió a su hijo, José Luis, en el 2011, luego de que salió a trabajar en Ciudad Reynosa. Lo reportó en procuradurías, instituciones y en la fiscalía, y no ha obtenido respuesta.

“Les he pedido en muchas ocasiones a las autoridades que me ayuden, pero no he tenido respuesta; hay parálisis en mi caso y hasta ahora no hay informes. No voy a descansar hasta encontrarlo”, dijo.

María Guadalupe Lara pagó un rescate por su hijo en el 2011, luego de ser secuestrado, pero después de ello ya no tuvo informes. Al denunciar el hecho, su otro hijo también fue plagiado y ninguno ha sido hallado hasta el momento.

“No hemos tenido respuesta, no hay búsquedas y a las autoridades no les interesa; simplemente dieron carpetazo”, dijo.

En lo que hasta hace unos días era la Glorieta de la Palma, el contingente colocó esferas de plástico con el nombre de hijos, madres, padres y sobrinos que no han sido localizados.

En un posicionamiento al llegar al Ángel de la Independencia, los colectivos señalaron que el gran fracaso del Estado es no encontrar a sus familiares, ya que muchos padres y madres han fallecido al tratar de buscar a sus hijos.

“Piensan en cansarnos y mantenernos en la tristeza y desesperación por el profundo desinterés que tienen en buscar a la gente. Hasta cuándo van a hacer algo a favor de nosotros, señor Presidente Andrés Manuel López Obrador; no somos 43 —dijo uno de los voceros, en referencia a los normalistas de Ayotzinapa—, somos miles y no hacen nada”, expresó.

Aseguraron que las comisiones, secretarías y demás instituciones encargadas de investigar, les fallaron, ya que no hay análisis, mientras en los servicios forenses continúan con cientos de cadáveres sin identificar, por lo que pidieron resultados.

“Se los advertimos, ustedes son los únicos culpables por no atender la problemática a tiempo”, aseveró la vocera.

Por la mañana, los colectivos estuvieron en Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio. Los recibieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a quienes les solicitaron avanzar en las investigaciones y prevenir la violencia que hay en el país.