Durante el 2021, la prensa fue víctima de 644 agresiones, de las cuales 325, es decir, el 50.4 por ciento, fueron cometidas por funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civiles y partidos políticos.
En su informe titulado “Negación”, la organización Artículo 19 detalla que los funcionarios estuvieron detrás de 156 agresiones contra la prensa, cometidas el año pasado; las fuerzas de seguridad civiles, como policías y guardias, cometieron 110, mientras que los partidos políticos fueron responsables de 59 casos.
El resto de las agresiones estuvo a cargo de particulares, cuyo registro fue de 137; crimen organizado, en 42; las fuerzas armadas, ocho, mientras que 132 no tuvieron elementos suficientes para ser clasificadas.
El informe también refiere que, en lo que va de la administración actual, suman mil 945 ataques en contra del gremio, es decir, 84.7 por ciento más que los mil 53 registrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Tan sólo el 2021 fue el primer año en el que se registraron atentados en contra de los comunicadores, en cada una de las 32 entidades federativas, de las cuales, 16 concentraron el 87.4 por ciento del total.
También destaca que los actos cometidos con mayor incidencia el año pasado fueron intimidación y hostigamiento, con 198 registros, seguido por las amenazas, con 96, y el uso ilegítimo del poder público, con 66.
Respecto a los 198 actos de hostigamiento, la organización especificó que los principales se observaron como actos intimidatorios, campañas de desprestigio, difusión de información sin consentimiento, doxxing —revelación de información personal para identificar a una persona, sin su consentimiento—, persecución, presencia de personas o grupos y toma de fotografías no autorizadas.
Las agresiones desde el poder público fueron definidas como la criminalización y estigmatización de los comunicadores o los medios; hostigamiento administrativo, electoral, judicial por la vía civil o penal y la suspensión, denegación o condicionamiento de publicidad oficial.
Para Javier Oliva Posada, experto en seguridad, estos actos perpetrados desde instituciones, actores políticos y criminales son una forma de buscar el control del flujo informativo y “no por nada México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, después de Siria, y eso que llevan 12 años en guerra”.
En entrevista con La Razón, el experto refirió que uno de los problemas detrás de la violencia en la que la prensa ya no sólo tiene el rol como medio de comunicación, sino como uno de los objetivos, se debe a que la estrategia de seguridad nacional y a nivel local no reconoce que el país está viviendo bajo “la dictadura del crimen organizado”, un término implementado por él para definir la crisis de inseguridad del país.
“Asesinan a líderes o lideresas del movimiento de liberación sexual, a líderes que defienden el medio ambiente, extorsionan a productores, colocan controles ilegales en las carreteras; yo le llamo dictadura del crimen organizado y de eso nadie habla”, señaló.
En este sentido, refirió que el clima de violencia no sólo debe ser atendido por las fuerzas federales, a las que se les ha encomendado solucionar los problemas en la materia, bajo estrategias implementadas en estados como Colima, Zacatecas y Michoacán. A su parecer, las autoridades locales “se han cruzado de brazos”.
Al referirse al tema, José Luis Cisneros, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidió en que los actos violentos no sólo son cometidos por criminales identificados como tal, sino también por parte de actores del Estado.
“También por grupos que usan la violencia para (obtener) beneficios propios, económicos, sociales y políticos. Es muy difícil establecer claridad; lo cierto es que la delincuencia organizada y la común, las fuerzas de seguridad y las políticas equivocadas, vuelven una violencia que marca la ausencia de un Estado de derecho”, sostuvo.
Además, el especialista apuntó que el recrudecimiento de la violencia observado, en el país está marcado por indicadores estructurales.
