La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló faltas en la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la actuación de los tres poderes del Estado, para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la prensa y quienes defienden diversos derechos.
Señaló que entre 2017 y 2021, recibió 30 quejas presentadas por beneficiarias del Mecanismo, quienes denunciaron carencia de alimentos en los refugios, incumplimiento de las medidas de protección, malos tratos de servidores públicos del Mecanismo, filtración de datos, ausencia de respuesta ante situaciones de emergencia, negación de reforzamiento de medidas o de solicitud de refugio ante agresiones, entre otras.
Este lunes, la CNDH presentó el diagnóstico sobre los alcances y retos del Mecanismo, en el que apunta que hasta el 17 de enero, mil 518 personas se habían adherido como beneficiarias al mismo, de las cuales 495 ejercen el periodismo y mil 23 son defensoras, de acuerdo con informes de la Secretaría de Gobernación (Segob).
También señala que desde diciembre de 2018 hasta esa fecha se habían asesinado 96 personas defensoras asesinadas y 49 periodistas; en ambos casos, el porcentaje de casos en fase de investigación estaba por arriba del 70 por ciento.
Entre algunos resultados, destaca que a través del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, refiere que 304 medidas cautelares fueron emitidas para los primeros y 354 para éstos últimos.
Recientemente, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, anunció la propuesta para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tras recoger varias anotaciones de instancias y funcionarios, la CNDH retoma que aunque el mecanismo ha salvado vidas, la violencia prevalece ante una falta de compromiso de las autoridades locales e indefinición de competencias entre autoridades para encarar estos hechos.
Incluso, advirtió que en muchos casos son éstas las responsables de las agresiones o algunas se desentienden.
Por tal motivo, emitió diversas recomendaciones al Poder Legislativo, a quien exhortó a mejorar la legislación, a partir de la discusión de una nueva ley y no sólo de reformas a la actual, para lograr que los tres niveles de gobierno se involucren en políticas públicas, entre otras.
A la Segob le solicitó revisar el impacto y alcances del contenido de los informes del mecanismo, realizarlos con enfoque de género, ir más allá de medidas reactivas, diseñar sistemas de alerta temprana para evitar potenciales agresiones.
Respecto a las fiscalías, para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, refiere que 304 medidas cautelares fueron emitidas para los primeros y 354 para éstos últimos.
Recientemente, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, anunció la propuesta para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tras recoger varias anotaciones de instancias y funcionarios, la CNDH retoma que aunque el mecanismo ha salvado vidas, la violencia prevalece ante una falta de compromiso de las autoridades locales e indefinición de competencias entre autoridades para encarar estos hechos.
Incluso, advirtió que en muchos casos son éstas las responsables de las agresiones o algunas se desentienden.
Por tal motivo, emitió diversas recomendaciones al Poder Legislativo, a quien exhortó a mejorar la legislación, a partir de la discusión de una nueva ley y no sólo de reformas a la actual, para lograr que los tres niveles de gobierno se involucren en políticas públicas, entre otras.
A la Segob le solicitó revisar el impacto y alcances del contenido de los informes del mecanismo, realizarlos con enfoque de género, ir más allá de medidas reactivas, diseñar sistemas de alerta temprana para evitar potenciales agresiones.
Respecto a las fiscalías, tanto la federal como las locales, recomendó que todas cuenten con un órgano especializado para la investigación y atención de delitos contra la libertad de expresión; además, solicitó que deben actuar con diligencia y agotar las líneas de investigación, dentro de un plazo razonable.
RFH
