Las descalificaciones, denuncias y ataques realizados entre candidatos, funcionarios y líderes de diversos partidos, de cara a las elecciones de este 5 de junio, revelan el bajo nivel intelectual y de competencia de la clase política del país, coincidieron especialistas.
Ayer se gestó uno de los conflictos políticos que han marcado parte de la agenda de esta jornada electoral: el desprestigio mutuo entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; el de Morena, Mario Delgado; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y en el que también se vieron envueltos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, legisladores y candidatos.
Al respecto, Víctor Manuel Alarcón, doctor en Ciencia Política y profesor investigador en la UAM, señaló que no se ha logrado “enterrar” las prácticas clientelares y la compra y coacción del voto, debido a la indisposición de los partidos para someterse a las reglas que marca la ley.
“Es muy lamentable que nuestra clase política no tenga mayor compromiso para generar una cultura democrática de alto nivel. Esta falta de compromiso revela, en mucho, la pobreza intelectual con la que nuestra clase política se ha degradado de manera sistemática; la calidad de vida política se debe a la pobreza de ideas”, comentó a La Razón
Al referirse a la reforma electoral que se discutirá en los siguientes meses, señaló que ésta no bastará para corregir los comportamientos vistos en la semana, pues las prácticas “están más arraigadas a la cultura política”.
Además, consideró que la falta de capacidad de atención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) funciona como un “ente accesorio”, lo que deja a los actores políticos ver “el sentido de impunidad” con la que pueden incurrir en los actos denunciados, sin que tengan consecuencias a largo plazo.
“En la medida en que nuestro sistema penal es realmente muy inefectivo, todo esto termina quedando en estridencias mediáticas”, comentó.
Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que las “malas prácticas democráticas” se han normalizado en la vida política del país, lo que no implica que esto no tenga efectos en el proceso electoral, pues genera que la población desconfíe más de los partidos.
En el reporte actualizado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), del INEGI, se apunta que estas instituciones son las que generan menos confianza en la población, rebasando, incluso, a policías y demás autoridades.
“En razón de que los resultados estén cerrados o haya flagrantes violaciones a la Constitución, (los partidos) pueden comenzar a exigir que el Tribunal Electoral u organismos llamen la atención sobre esas conductas y, de nueva cuenta, antes que tener actores de un juego democrático que respete las reglas, lo que veremos será a partidos políticos que no saben perder porque no saben competir”, comentó en entrevista.
Advirtió que difícilmente se tendrá una contienda equitativa que se genere con normalidad, mientras los partidos no entiendan que los límites a la democracia los ponen con sus acciones.
“Hay que apelar a la mesura, a los valores y a la prudencia, pero parece que no les interesa y todo se limita a la retórica y una política en la que quien tenga la mejor estrategia mediática puede tener el mejor resultado electoral”, comentó.
Ante esto, planteó la necesidad de que los partidos puedan contar con órganos internos para garantizar una democracia en su interior, a través de la cual se identifiquen las prácticas irregulares.
FBPT
