Hasta ahora sólo una persona ha sido vinculada a proceso judicial por el presunto fraude cometido en contra de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a pesar de que se han promovido 22 denuncias penales en contra de exservidores y se abrieron 17 expedientes administrativos, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Los recursos por un presunto fraude a Segalmex por más de ocho mil millones de pesos han sido presentados por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SFP, la propia Segalmex y las empresas involucradas en estas irregularidades, y corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) dar continuidad a las averiguaciones correspondientes.
Estas demandas corresponden a los ejercicios presupuestales del 2019 y la primera parte del 2020, y son independientes a las que pudieran surgir de la revisión de la tercera parte de la Cuenta Pública 2020, que fue entregada a la Cámara baja el pasado 20 de febrero.
Al dar respuesta a una pregunta formulada durante la conferencia matutina, la dependencia explicó que el Órgano Interno de Control de Segalmex ha dado acompañamiento a las denuncias presentadas por la probable responsabilidad de servidores públicos en los delitos que podrían haber provocado un daño patrimonial tanto a Diconsa como a Liconsa, organismos que conforman Segalmex.
De las 22 demandas expuestas ante la FGR, 15 ya están en curso y, en una de ellas, el pasado 6 de abril, se vinculó a proceso a René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas, quien presuntamente habría autorizado la compra de 100 mil títulos bursátiles, cuyo valor alcanzó los 100 millones de pesos.
Lo anterior, a pesar de que los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales y la Administración Pública Federal lo prohíbe. En esa ocasión, el juez dio un plazo de seis meses para concluir las indagatorias contra Gavira y quien resulte responsable.
En el caso de los expedientes administrativos, que no necesariamente concluirán en denuncias penales, 10 están en proceso de investigación; cuatro ya están en la etapa de determinación de responsabilidades; dos fueron desechados por falta de elementos y en uno se refiere que no fueron faltas graves y, por lo tanto, se aceptó un acuerdo reparatorio.
En lo que corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2021, la SFP señaló que se proyectan 38 actos de fiscalización a programas de abasto rural, de leche y de precios de garantía, así como en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios inventarios, presupuesto de gasto corriente y desempeño de procesos sustantivos.
En medio de las investigaciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador removió a Ignacio Ovalle, pero ahora lo nombró coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.
