La violencia familiar a nivel nacional observa un incremento del 41.7 por ciento, pues en el primer cuatrimestre de este año acumuló 83 mil 030 carpetas de investigación, mientras que, en el 2018, en el mismo periodo, documentó 58 mil 563, es decir, un aumento de 24 mil 467 investigaciones, de acuerdo con la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar también refleja un crecimiento del 5.3 por ciento, al comparar el mismo periodo, en el que reporta siete mil 457 carpetas de investigación, contra siete mil 082 del 2018.
La directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, afirmó que sigue siendo lamentable que las autoridades no reconozcan que la violencia familiar es la antesala del feminicidio y sigan minimizando los actos de violencia familiar, cuando justo es en el seno del núcleo parental que se comete un sinfín de violaciones a los derechos humanos.
“Los datos del secretariado son, como siempre lo he dicho, sólo una pincelada de lo que sucede en México, ya que recordemos que la cifra negra en nuestro país es de más del 80 por ciento y hay serios vacíos para tipificar los delitos, aunado a que no todas las mujeres denuncian porque no creen en las autoridades”, manifestó.
Denunció que es un proceso tortuoso para acceder a la justicia y resaltó que en México no existe una real restitución de derechos ni mucho menos el acceso a la justicia integral, que implica acceso a una debida diligencia, salud integral, vivienda y a un empleo digno.
En opinión de Figueroa, urge romper con el pacto patriarcal que impera en instancias gubernamentales y que perpetúa la impunidad y la naturalización de las violencias machistas.
“Es urgente que el sistema de justicia y las personas responsables de garantizarla atiendan e identifiquen toda violencia contra las mujeres como un delito grave y como un posible acto de feminicidio”, estableció.
Por separado, Martha Tagle, integrante del colectivo Mujer, Ideas, Desarrollo, Investigación (MIDI), dijo que el aumento obedece directamente al desmantelamiento de la política pública para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
Detalló que ningún gobierno ha tenido la voluntad para implementar los programas y erradicar este problema.
Manifestó que los refugios para las víctimas apenas empiezan a recibir recursos, mientras que el Gobierno federal niega sistemáticamente este tema.
Destacó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia integra todo un sistema de competencia y actuación por parte del Gobierno a nivel federal y local, para que diferentes dependencias cuenten con responsabilidades para prevenir estos casos, pero toda esta política pública está por hacerse.
“La parte de la prevención es, por ejemplo, si un niño llega con señales de violencia a la escuela… El menor pueda ser atendido en el colegio… Llamar a los padres de familia. Lo mismo se mandata a la Secretaría de Salud; muchas mujeres llegan con golpes y los médicos pueden identificar que existe una situación de agresiones”, explicó.
La activista expuso que los tipos de violencia son física, sexual, emocional y patrimonial, que pueden darse en diferentes modalidades, y una de ellas es en el ámbito familiar.
En el tema de las asistencias familiares, Tagle señaló que las afectadas tienen que batallar por la guarda y custodia, alimentos e incluso para pedir medidas cautelares.
Guillermo Gutiérrez, abogado y director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, señaló que el incumplimiento de obligaciones de asistencia significa no dar alimentos y ese delito se da cuando hay un juicio familiar de guarda y custodia, inclusive también para personas adultas que necesitan los alimentos por parte de sus hijos porque ya están incapacitados, debido a su condición física.
“Cuando un juez familiar ordena, mediante la guarda y custodia o pensión alimentaria, el pago de los alimentos, y la parte que fue condenada nos los paga, por ejemplo en un lapso de 90 días, se va a materia penal”, explicó.
- El dato: Las entidades que registraron el mayor nivel de violencia familiar en carpetas de investigación son Ciudad de México, Edomex, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato.