La defensa del exdirector general de Pemex, Carlos Treviño, pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, desechar la denuncia que inició en contra del primero con base en las acusaciones de su antecesor, Emilio Lozoya, tras advertir que estas fueron obtenidas a través de la mezcla de “coacciones, promesas, incentivos y privilegios”.
En escrito que entregó a la FGR, el abogado Oscar Zamudio se refiere al contenido de las conversaciones entre el fiscal y Emilio Lozoya Thalmann, padre de Lozoya Austin, y advierte que “al obligar a Lozoya a cambiar de defensor se le violaron los derechos fundamentales de defensa, previo a la obtención de su denuncia, con lo que lograron que declarara hechos falsos e incurriera en la comisión del delito de falsedad ante autoridades”.
Para el defensor, ha quedado claro que, a Lozoya, la FGR le ha prometido y cumplido “tratos preferenciales indebidos y legalmente improcedentes”. Sin embargo, advierte que eso no justifica que el primero haya cedido a las presiones, de manera que el delito en que incurrió debe perseguirse penalmente.
“Consecuentemente solicito que se ejerza acción penal en contra del señor Lozoya Austin por el delito de falsedad en que incurrió al firmar la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/0000865/2020”, apunta.
En su escrito al fiscal, el abogado establece también que se “debe emitir un acuerdo en la carpeta de investigación en que reconozca la nulidad de la denuncia formulada por Lozoya contra diversas personas, incluido mi defendido Carlos Treviño”.
El defensor da cuenta en su escrito de una larga lista de inconsistencias en el caso Lozoya, que tuvo como uno de sus efectos que se girara una orden de aprehensión contra su cliente por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Dicha denuncia fue también parte de un plan acordado por esa Fiscalía a su cargo con la familia Lozoya, "más allá de los límites permitidos por el artículos 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Refiere que al extitular de Pemex, actualmente preso, se le ha dado un trato atípico “en casi cualquier aspecto”, a pesar de que no ha proporcionado información esencial y eficaz para la persecución de algún delito.
Señala por ejemplo que, en su caso, se omitió recabar la entrevista de Lozoya desde que se encontraba en España mediante la utilización de los medios electrónicos, y cuando llegó a México en vez de trasladarlo al Hospital Militar, dada su relevancia por el tipo de denuncia que hizo, al final fue a un hospital privado de lujo.
Si no hubieran estado coludidos tanto la FGR como Emilio Lozoya para que éste mintiera, se le hubiera resguardado en el Campo Militar Número Uno y no se le hubiera colocado un simple brazalete electrónico, dice.
Establece también que recientemente se le permitió que por una carpeta de investigación que se instruyó en su contra por delitos fiscales pudiera pagar un crédito fiscal sin actualizaciones ni recargos, contraviniendo el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.
“Este beneficio no fue casual ni gratuito pues implico que autoridad denunciante y autoridad judicial se coordinaran para no aplicar normas de orden público que sí serían aplicadas a las demás personas”, expresa.
En el escrito insiste que ni a la FGR ni al señor Lozoya les preocupó jamás que este tuviera protección y resguardo para preservar la puesta información con la que contaba, de forma tal que, por ejemplo, pudo ser localizado por la periodista Lourdes Mendoza que le tomó fotografías en el restaurante Hunan.
A su juicio, todo lo anterior "hace patente que su denuncia está basada en mentiras, tal como lo ha corroborado en últimas fechas el licenciado Javier Coello Trejo”.
Más adelante refiere que la propia fiscalía ha dejado de fingir creer en esos hechos falsos porque ya acusó formalmente al señor Emilio Lozoya de haberse quedado con la totalidad del dinero que recibió por las conductas de corrupción en que incurrió.
JVR
