La crisis migrante en el país persiste, pues las personas siguen llegando al país a solicitar protección de autoridades mexicanas y huir de la pobreza, la falta de oportunidades y desarrollo, así como de la violencia que impera en sus territorios.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), las solicitudes de refugio en el país aumentaron en los primeros seis meses de 2022, 15 por ciento más respecto al mismo periodo del año pasado, al pasar de 51 mil 036 a 58 mil 642.
Además, Honduras sigue siendo la nacionalidad que más solicita protección con 13 mil 750 peticiones, le sigue Cuba con 10 mil 791; Haití con 8 mil 230 y Venezuela con 7 mil 196. Otros países con menos peticiones son Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Brasil, Colombia y Senegal, como país africano que ya se mete al top de refugio.
Por estado, Tapachula, Chiapas es la delegación con más solicitudes al registrar 67 por ciento de las peticiones totales (39 mil 241), seguida de la Ciudad de México, Palenque, Tabasco, Veracruz, y Baja California.
Hasta el momento se han revisado 17 mil 924 solicitudes, de las que se han aprobado 10 mil 732; beneficio para personas de Honduras y Haití principalmente.
Al respecto, Javier Urbano, investigador de la Universidad Iberoamericana, dijo que la Comar se encuentra totalmente rebasada, debido a que no tiene la capacidad de atender todas las peticiones y, por ello, el número podría elevarse aún más si se atendieran en tiempo y forma.
“Me preocupan aquellos que no están registrados, que no llegan a ser reconocidos para las peticiones, pues el sistema de gestión de la Federación está quebrado, ya que no hay capacidad o recursos para sostener las solicitudes de miles por día. Dada la movilidad que hay en el país, seguramente serían el doble con un sistema más eficaz”, detalló.
El experto mencionó que la política mexicana es la de retenerlos y encapsularlos en la frontera, sin dejar que avancen a la frontera norte de Estados Unidos para pedir asilo, pues ese es su plan A; por ello, al no tener oportunidades, los migrantes optan por solicitarla en México, con todas las complicaciones que conlleva.
Añadió que la migración en México va a seguir a medida que pasan los meses, pues en Nicaragua hay un problema a punto de estallar por la falta de democracia de Daniel Ortega; Venezuela, con una crisis humana desde hace años, y que ya impacta en México, así como países donde hay un éxodo permanente, como Haití, África y Colombia.
Por separado, Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, mencionó que la buena noticia es que en Estados Unidos se termina la política de “Quédate en México”, lo que ayudará a los migrantes a pedir refugio o asilo en ese país.
Dijo que por desesperación, los migrantes comienzan a salir en caravanas desde el sur del país, pues el Instituto Nacional de Migración (INM) y otras dependencias tardan en la regularización de su estancia.
“Con líderes o sin ellos salen caravanas migrantes. Hay mucha corrupción, debido a que venden las formas migratorias en miles de pesos y eso se ha visto en las últimas caravanas que se han hecho en Chiapas. Tienen un desastre para atender los flujos migratorios y eso se ve reflejado en la contención en el sur”, dijo.
Proponen 16 años de cárcel a traficantes
La diputada Rocío Corona, del PVEM, propuso castigar con penas de ocho a 16 años de cárcel y multas de hasta cinco mil días de salario mínimo vigente, a quien modifique vehículos para transportar migrantes en territorio nacional. La legisladora planteó reformar la Ley de Migración para tipificar esta acción e imponer penas más severas para los responsables.
De acuerdo con datos de la legisladora, entre 2011 y 2021 al menos 70 mil migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en el país, además de que los traficantes obtienen ganancias cercanas a los siete mil millones de dólares anuales por el traslado de personas.
Detalló que bandas del crimen organizado que se dedican al tráfico de migrantes pueden cobrar en promedio siete mil dólares por cada persona, sin importar la edad, para llevarla hasta la frontera o sólo cruzarla a Estados Unidos.
Por separado, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, llamó al Gobierno federal, a reconsiderar los recortes presupuestarios al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ante la crisis migratoria que vive el país.
Con 2 mil personas sale nueva caravana de Chiapas
Una nueva caravana migrante salió la mañana de ayer desde Tapachula, Chiapas, rumbo al norte del país, con la demanda de solicitar agilización de sus solicitudes de regularización para seguir avanzando hacia Estados Unidos.
El éxodo partió a las 04:00 horas del Parque Bicentenario, y se presume que van aproximadamente dos mil indocumentados que buscan llegar a Huixtla, a unos 40 kilómetros de distancia.
El contingente, en el que sobresalen 400 mujeres embarazadas y menores de edad, logró pasar el retén migratorio de Viva México, en la localidad de Álvaro Obregón, uno de los que más se dificulta por la presencia de la Guardia Nacional.
Previo a su salida, los migrantes exigieron autobuses para avanzar al norte del país, ya que desean evitar incidentes como el ocurrido el lunes pasado en Texas, Estados Unidos, incluso, dijeron que están dispuestos a cooperar para pagar la gasolina de los vehículos.
En este tenor, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán denunció a La Razón que hay un grupo de abogados que buscan aprovechar la situación para acercarse con el Instituto Nacional de Migración (INM) y solicitar las Formas Múltiples y hacer entrega a las personas con costos de hasta 30 mil pesos.
“En la mañana que salieron iban los abogados con ellos, con sus sobres amarillos con documentos, puesto que esperan que avancen y se alejen de Tapachula para hacer entrega de los documentos legales y cobrarles 30 mil pesos por cada uno. Lo que hacen es que se alejan para que el Órgano de Control Interno del INM no los revise y hagan su negocio”, explicó.
El activista dijo que el INM debe revisar a quién se le da los documentos, ya que no son entregados directamente a los migrantes, lo que genera un negocio de miles de pesos para los abogados.
Hasta el cierre de esta edición los migrantes habían llegado a Huehuetán, donde esperan entablar un diálogo con las autoridades del INM para comenzar su regularización, como se ha hecho en otros éxodos.
RFH
