En Colima, donde los policías estatales realizaron un paro laboral el pasado sábado para protestar por el incremento en la ejecución de uniformados, el homicidio doloso aumentó 76.5 por ciento durante los primeros cinco meses del año, con relación al último periodo similar del 2021.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de agosto a diciembre del año pasado se abrieron 183 carpetas por este delito, mientras que de enero a mayo de este 2022 la cifra fue de 323.
Tan sólo en este año, de las 323 carpetas por homicidio doloso, 10 corresponden a policías asesinados en horas francas, según datos de la organización civil Causa Común, lo que supera ya a la cifra de 2021, ya que en todo el año pasado se registraron ocho ataques directos contra uniformados.
Además, en los seis meses que han transcurrido de este año está a punto de igualarse la cifra total de policías ejecutados en el 2020, que fue de 11.
Las cuatro víctimas más recientes, relacionadas con asesinatos violentos de uniformados en menos de un mes, eran elementos de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, entre ellos quien el director operativo, Rafael Arreguín, quien fue ultimado apenas el pasado jueves.
Pero tan sólo un día después, es decir, la tarde del pasado viernes, fue asesinado el agente Carlos Alejandro Aguilar Regla en la cabecera municipal de Coquimatlán. El hoy occiso tenía apenas quince días de haber ingresado a la policía de Villa de Álvarez.
Ante esta ola de violencia contra guardianes del orden, la mañana de este sábado, policías estatales realizaron un paro técnico para exigir incremento de sueldo, aumento al seguro de vida, mayores prestaciones laborales y jornadas de trabajo menos excesivas.
Frente al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los agentes del orden manifestaron su preocupación por el aumento en la inseguridad y los ataques que han recibido elementos policiacos por parte de grupos de la delincuencia organizada.
Los uniformados acusaron que debido a las malas condiciones laborales y a la falta de protección, en los últimos seis meses alrededor de 30 de los 160 policías que había a principios de año han desertado, por lo que estimaron que actualmente son nada más 38 elementos los que patrullan Colima en cada turno.
Los inconformes demandaron mayores prestaciones laborales, incremento salarial, pago de la prima vacacional y un aumento en el monto del seguro de vida, que por ahora es de 195 mil pesos.
Además, exigieron acceso a créditos hipotecarios y derecho a solicitar préstamos en el Instituto de Pensiones de Colima (Ipecol), pues señalaron que les retiran el 5 por ciento de su sueldo, pero no pueden acceder a los recursos a través de créditos en casos de emergencia.
Las autoridades se comprometieron con los inconformes a revisar sus peticiones, lo cual no los dejó satisfechos, pues, dijeron, “no podemos esperarnos seis años más, a que venga otro secretario a que nos dé la misma respuesta”.
