Durante el periodo de enero a mayo del 2022, el ejercicio del servicio público se vio impactado negativamente en Nayarit y Campeche, donde el número de carpetas de investigación abiertas por delitos cometidos por servidores se incrementó en forma considerable, al comparar las cifras con el mismo periodo del año pasado.
En el primer quinquemestre de este año se registraron ocho mil 657 delitos de este tipo, lo que representa 0.77 por ciento menos, debido a que en el 2021 hubo ocho mil 724, establecen los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El estado con el incremento porcentual más elevado fue Nayarit, con 600 por ciento, donde, por cada delito cometido de enero a mayo del año pasado, se reportaron siete en el actual, al pasar de tres a 21 carpetas abiertas por las autoridades.
En esta entidad también se vio reflejado un retroceso en la calidad del ejercicio del servicio público, en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project (WJP), donde se observa que Nayarit cayó del puesto 11 al 17, en comparación con la evaluación anual anterior, respecto al factor de Límites al Poder Gubernamental, el cual mide si los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de los gobernantes y los responsabilizan de sus actos.
La caída también se observó en el factor de Derechos Fundamentales, que mide la protección de los derechos humanos, en el cual pasó del sitio 16 al 21, mientras que para el factor Ausencia de Corrupción, bajó del sitio ocho al 10.
Otro aspecto fue el Cumplimiento Regulatorio, el cual examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud, seguridad en el trabajo y protección al medio ambiente, donde, a pesar de que no se movió del lugar número 27, sí se vio una modificación en su evaluación en una escala de 0 a uno, en la cual cayó de 0.35 a 0.34, lo que a su vez indica una adhesión más débil al Estado de derecho.
Por lo que se refiere a las carpetas de investigación abiertas por delitos cometidos por servidores públicos en Campeche, entre los cinco primeros meses del 2021 y el mismo lapso de este año, la cifra pasó de cero a 61 ilícitos.
Los números resaltan no sólo por el comparativo con el periodo anterior, sino porque también rebasan el total individual de cada uno de los últimos siete años, y en algunos casos, casi se triplican.
La tendencia al alza en el número de carpetas abiertas por faltas cometidas por servidores coincide con la llegada de la gobernadora Layda Sansores, el 16 de septiembre del 2021, pues durante noviembre de ese año se registraron 13 carpetas y, a partir de entonces, cada mes contó con un mínimo de siete y máximo 24.
Hasta antes de noviembre, Campeche no había contabilizado cifras similares para un periodo de 30 días, pues desde el 2015, el mes con más delitos de este tipo, fue diciembre del 2016, con nueve; el resto oscilaba entre seis, uno e, incluso, cero.
Adicionalmente, la evaluación de WJP deja ver que respecto al factor Ausencia de Corrupción, el estado descendió del puesto cuatro al 12, lo que indica que Campeche incrementó el uso del poder público para obtener beneficios privados en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en el sistema de seguridad y procuración de justicia.
Cabe mencionar que, en este aspecto, WJP considera sobornos, influencias indebidas y la apropiación indebida de recursos públicos.
México, país donde más se desconfía de la burocracia
México se posicionó en el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), respecto a la desconfianza en el actuar de sus servidores públicos en relación con la posibilidad de que cometan actos de corrupción.
De acuerdo con un estudio del organismo, 68.87 por ciento de los mexicanos consideraron que un empleado del sector público aceptaría un soborno, 18.5 por ciento opinó que lo rechazaría; 11.4 tuvo una opinión neutral y 1.17 por ciento dijo no saberlo.
La cifra casi duplica la media internacional, donde 35.71 por ciento de los encuestados en los países miembros opinó que sus servidores públicos accederían a un soborno.
Otros indicadores refieren que 39.59 por ciento de los encuestados considera improbable que los empleados públicos traten por igual a ricos y a pobres; contra 41.25 que señaló que sí es posible.
En cuanto al tratamiento de los datos personales, en medio de una estimulación acerca de la prestación de servicios remotos e interacciones digitales con el sector público a causa de la pandemia, apuntó la OCDE, 35.58 por ciento de los mexicanos consideraron que el Gobierno podría no utilizar sus datos con fines legítimos.
La evaluación de la capacidad de respuesta de los gobiernos mostró que 34.4 por ciento ve improbable que los servicios públicos mejorarían si la población se quejara, y 46.1 consideró lo contrario.
Respecto a la participación ciudadana, 37.2 por ciento consideró que la política nacional no cambiaría, aunque la mayoría de las personas expresara una opinión en contra de ésta.
