Durante la sesión de este miércoles, temas como la reanudación de obras del Tren Maya, las consultas por política energética por parte de EU y la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero fueron motivo de la discusión entre la oposición y Morena y aliados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El bloque opositor criticó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no haya acudido al funeral de los 14 marinos que murieron por el desplome de un helicóptero tras haber participado en la captura del capo.
Además, reclamaron la reciente reunión que sostuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, con legisladores de Morena, pues señalaron que los asuntos de esta dependencia y en lo que se ocupa son de interés público. En el mismo sentido, reprocharon los resultados de incidencia delictiva que la funcionaria presentó esta mañana, al señalar que su comparativa fue sesgada.
En este contexto, tanto el emecista Noé Castañón y el priista Jorge Carlos Marín pidieron una reunión con la secretaria, en la que participen todos los grupos parlamentarios.
En respuesta, la fracción guinda defendió que la tendencia en diversos delitos se mantiene a la baja en comparación con los sexenios anteriores, y sobre la ausencia del Presidente al funeral de los marinos dijeron que “el respeto se muestra de muchas maneras”.
Ante los cuestionamientos de la oposición sobre la falta de claridad en la caída del helicóptero de la Marina, el legislador del PVEM, Rogelio Israel Zamora, pidió respeto a las familias de los fallecidos y no suponer que fueron víctimas de asesinato.
Uno de los temas que más ocupó a los legisladores fue la declaración del Tren Maya como una obra de seguridad nacional para reanudar su construcción, a pesar de las órdenes judiciales que suspendieron las actividades.
Al respecto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien pasó al frente con una manta que ilustra la construcción, dijo que los morenistas no pasarán a la historia como transformadores, sino como “destructores” y como un gobierno que “quiso aplastar al Poder Judicial”.
Nancy de la Sierra, del Grupo Plural dijo que la decisión del Gobierno Federal revela la indiferencia ante el Estado de Derecho, así como su total desconocimiento de la Ley de Amparo, pues refirió que si estaban inconformes con los amparos emitidos por autoridades judiciales, y que ocasionaron la suspensión de las obras, se pudo haber recurrido a un recurso de revisión.
En respuesta, el petista Reginaldo Sandoval acusó a los jueces de emitir “sentencias a la carta” y argumentó que el tamaño e impacto de las obras es el que determina si son o no de seguridad nacional.
Respecto a las consultas que realizarán Canadá y Estados Unidos por inconformidades respecto a la política energética de México y el tratado comercial de América del Norte (T-MEC), la panista Gina Cruz advirtió que la minimización del Presidente Andrés Manuel López Obrador al asunto podría generar repercusiones comerciales adversas para el país.
“Estados Unidos y Canadá podrían imponer aranceles con serias repercusiones para el comercio mexicano y los productores, quienes tendrán que enfrentar cuantiosas pérdidas por culpa de la necedad presidencial”, dijo.
Al respecto, Sacil de León, del PES, aseguró que “no existe ninguna violación al tratado internacional como se ha pretendido hacer creer”, por lo que instó a “centrar esfuerzos” en encontrar soluciones y no en la confrontación.
La crisis del agua también ocupó un espacio dentro de la discusión con los legisladores del Verde Ecologista, Kevin Ángelo Aguilar, Rogelio Zamora, el petista Raymundo Atanacio y el morenista Alejandro Armenta, quienes responsabilizaron a la industria privada de la falta de agua y también externaron señalamientos contra el gobierno de Nuevo León por la falta del líquido para sus habitantes.
CEHR
