El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé otorgar las medidas cautelares solicitadas por diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para que evite cualquier acto o pronunciamiento que implique violencia política de género.
El órgano electoral judicial hizo público el proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que someterá a votación ante el pleno de la Sala Superior, sobre el recurso que presentó la diputada federal del tricolor, Paloma Sánchez Ramos, por las declaraciones de la mandataria campechana en su programa “Martes del Jaguar”, transmitido el 5 de julio pasado.
De acuerdo con la acusación, Sansores afirmó: “Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, deveras, unas hasta desnudas. Entonces se las mandan a ‘Alito’ y él con eso las tiene; creen que él va a cuidar y que va a proteger esas fotos”.
Esta Sala Superior considera que las manifestaciones de la gobernadora en las que afirma la existencia de fotografías en las que las diputadas del PRI aparecen desnudas, podrían constituir violencia política de género, en detrimento de la actora y del grupo de diputadas federales de ese partido políticoPropuesta del magistrado electoral
Por ello, el proyecto de resolución plantea que la Sala Superior emita medidas de protección a favor de la legisladora y ordene a Layda Sansores que se abstenga de hacer comentarios o pronunciamientos que puedan configurar violencia política de género en contra de Sánchez Ramos, toda vez que puede vulnerar sus derechos políticos, en concreto a ser votada en el ejercicio de su cargo, al igual que el resto de diputadas priistas del Congreso federal.
“Esta Sala Superior ordena a la gobernadora de Campeche como medida cautelar preventiva: evite emitir o realizar cualquier acto, comentario o pronunciamiento que pueda conducir a una probable acreditación de violencia política de género en perjuicio de la actora o de las diputadas del PRI en el Congreso federal, con el fin de tutelar su derecho político a ser votadas en su vertiente de desempeño y ejercicio del cargo, así como otros derechos humanos que resulten vinculados. El cumplimiento de estas medidas otorgadas estará vigente hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”, puntualizó el proyecto de resolución.
MAEP
