Con la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, se violaron sus derechos humanos al dejarlo en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, cuando debería enfrentar su proceso en la calle, comentó a La Razón el extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros.
“El juez viola el artículo 19 Constitucional y viola el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que la prisión preventiva es una medida que debe aplicarse excepcionalmente, sólo cuando se tenga la certeza que el imputado se va a sustraer de la acción de la justicia.
“En este caso lo que vimos todos por cadena nacional, prácticamente, fue a un Murillo Karam entregándose a la Policía voluntariamente, sin oponer resistencia, sin haber intentado huir a pesar de haber tenido noticias seguramente de este operativo y prefirió entregarse a la justicia”, manifestó Hernández Barros.
Cómo se le va atribuir una desaparición forzada y tortura, si él no participó en estos hechos… Al contrario: trató de dar a conocer la verdadJulio Hernández Barros, Extitular de la CEAV
El también abogado resaltó que la aprehensión del exprocurador fue injusta en la medida que le están atribuyendo hechos que él no cometió: “¿Cómo se le va atribuir una desaparición forzada y tortura? si él no participó en estos hechos… al contrario trató de dar a conocer la verdad por lo menos a la que él tenía acceso con las investigaciones”.
Por su parte, el abogado penalista, Jorge Nader Kuri manifestó que el exprocurador podría alcanzar una sentencia máxima de 50 años de prisión por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia.