Al menos nueve funcionarios federales de primer nivel de la Procuraduría General de la República, encabezados por su titular Jesús Murillo Karam, participaron en una “acción concertada” para crear la investigación que se denominó “la verdad histórica” sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes normalistas, de acuerdo con el Informe de la Presidencia, de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Se trata, además de Murillo Karam, del exsubprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de ésta, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
El informe no habla de una reunión donde concurrieran todos los servidores públicos, sino de una “acción concertada” o que fueron instruidos para llevar a cabo diversas actuaciones encaminadas a probar una sola hipótesis: que los jóvenes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, una versión que se habría adoptado en la presidencia, en una de las reuniones del gabinete en la oficina de Enrique Peña Nieto, a quien no se refieren por su nombre.
El informe acusa que en la construcción de la “verdad histórica” se cometieron al menos cuatro violaciones graves a derechos humanos: “Privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa u ocultamiento y manipulación de información e investigaciones”.
Además, fundamenta que “en las investigaciones del caso Ayotzinapa, se generó una narrativa a conveniencia”, aunque no aclara a quién convenía crear esta hipótesis y sólo sostiene que su finalidad era “declarar el cierre de las investigaciones”.
