El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fijó la postura del Gobierno del Estado respecto al debate que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la permanencia de la prisión preventiva oficiosa, y afirmó que, si es eliminada esta figura cautelar, "se elevará a toda asta la bandera de la impunidad en el sistema mexicano de justicia".
En conferencia semanal, señaló que el próximo 5 de septiembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá un juicio de amparo en revisión y dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la figura de prisión preventiva oficiosa, donde el proyecto del Ministro ponente propone eliminar esa medida cautelar, lo que desde la visión del Gobierno Estatal, representaría declarar inconstitucional a la propia Constitución mexicana.
“Quiero establecer que, para el Gobierno de Michoacán, en el contexto actual del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, nos oponemos a la desaparición tajante de la prisión preventiva oficiosa, sin que se establezcan medidas suficientes para prevenir que su declaratoria de inconstitucionalidad afecte la seguridad pública y la impartición efectiva de la justicia”, apuntó.
Ramírez Bedolla indicó que en Michoacán se realizan grandes esfuerzos para combatir a la delincuencia y prueba de ello, es el aumento en un 12 por ciento en las capetas de investigación judicializadas, 65 por ciento en el cumplimiento de mandamientos judiciales y casi un 27 por ciento en el número de sentencias condenatorias, en donde la prisión preventiva oficiosa ha sido fundamental para avanzar en la impartición de justicia.
El gobernador refirió que, en Michoacán, a junio del presente año, se tenían registradas 3 mil 872 personas que enfrentan su proceso penal en prisión preventiva, quienes, de acuerdo a las apreciaciones de la Suprema Corte de Justicia, deberían estar en libertad.
“No se puede dejar en libertad a personas cuyos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, según lo estipula el Artículo 19 de la Constitución, como son violencia sexual contra menores, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, delincuencia organizada, corrupción, porque quienes incurren en esos actos delictivos representan una amenaza para la paz social y el bienestar individual de las y los ciudadanos. Permitir que sigan en libertad su proceso dejaría a las víctimas, a los testigos, a los denunciantes, y a los propios jueces en una situación de riesgo que vulneraría también el Sistema de Justicia”, apuntó.
Por ello, el gobernador convocó a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a escuchar lo que tienen que decir las víctimas sobre la posibilidad de que sus agresores enfrenten en libertad el proceso penal en su contra si se declara inconstitucional el artículo 19 de la Carta Magna.