El Gobierno federal ofreció una disculpa pública a familiares de víctimas, por los hechos ocurridos el 25 de agosto de 2011 en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León luego de que un grupo armado quemó el lugar, que provocó la muerte de 52 personas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas aseguró que el evento es un acto de justicia.
“Yo vengo a nombre del Estado mexicano, no solo a cumplir la recomendación de la CNDH, sino que lo hacemos con plena convicción, pues hemos acompañado esta lucha. Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades”Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
El funcionario señaló que en ese acto de terror y barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad física y a la vida; en agravio de al menos de 63 víctimas, sus familias y de toda la sociedad.
Encinas Rodríguez dijo que la Secretaria de Gobernación (Segob) y la Dirección de Juegos y Sorteos falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso de seguridad del casino, lo que derivó en los lamentables hechos comentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Refrendamos el compromiso para evitar la repetición de los hechos y por ello, hemos tomado la decisión de no otorgar ningún permiso más en le país a todas las casas de juegos y sorteos, hasta que no se haga la revisión de todos los permisos existentes”Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
El 25 de agosto de 2011, esta ciudad vivió uno de los hechos más lamentables de su historia: el atentado al Casino Royale, donde 52 personas perdieron la vida, hecho que será recordado por su crueldad, y por la insuficiencia de las autoridades para garantizar justicia, reparación del daño y la no repetición.
Mientras que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que resulta evidente que existió una grave falta de coordinación entre Desarrollo Urbano de Monterrey y Protección Civil del Estado.
Señaló que esa falta de atención y descuido, derivaron en una tragedia, así como el atropello de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, protección a la salud, legalidad, seguridad personal e integridad física.
“Hoy, a 11 años de los lamentables hechos, tanto el Gobierno de Nuevo León, como el Ayuntamiento de Monterrey, asumimos las responsabilidades que en su momento fueron omitidas y eran inherentes a nuestro ámbito de competencia. Hace once años, fallamos en nuestra labor de cuidar a nuestra gente. El Gobierno de Monterrey no fue eficiente. No fue solidario”Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey
DGM
