El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los expedientes de casos de jueces que han emitido sentencias contrarias a su política de seguridad, porque han liberado a presuntos delincuentes, argumentando fallas en el debido proceso.
“Entonces, vamos a entregar el expediente completo de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces”, advirtió.
Por tercer día consecutivo, López Obrador criticó al Poder Judicial y consideró que, aunque es muy fuerte que el Presidente de la República señale directamente a los jueces, es necesario porque el Consejo de la Judicatura Federal no ha hecho nada para sancionar “a quienes se apartan de la ley”.
“Hoy se iba a presentar toda nuestra fundamentación, los argumentos de por qué estamos en contra de esa decisión que quiere tomar la Corte (de eliminar la prisión preventiva oficiosa); vamos a poner ejemplos, vamos a buscar la forma de hacerlo, porque lo he estado pensando, porque son muchos casos, muy fuertes, y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos humillando; es fuerte; a lo mejor vamos a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres y le vamos a enviar todo al Poder Judicial, a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, que no han hecho nada o muy poco, porque deberían ahí estar sancionando jueces”, dijo el mandatario.
Agregó que la discusión que sostendrá la SCJN el próximo lunes 5 de septiembre, sobre la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, incluso fue criticado por Diego Valadés, quien, aunque no es “santo de su devoción”, porque lo ha criticado, es innegable que se debe mantener esa medida cautelar y un cambio sólo debe realizarlo el Poder Legislativo.
“Eso, desde luego, se convierten los ministros en legisladores, algo que nunca había sucedido, que el Poder Judicial borrara, nulificara, un artículo de la Constitución, no; eso debe hacerlo el Congreso, pero no la Suprema Corte de Justicia; sería una barbaridad, es muy serio. Para que Diego Valadés, que es constitucionalista, no es santo de mi devoción, pero reconozco que es maestro de derecho y constitucionalista, no está con nosotros, nos ha cuestionado, pero ante esta barbaridad se ha pronunciado y recomiendo que se lea lo que dice”, pidió el Presidente.
López Obrador consideró que no se puede dejar en manos de los jueces la decisión sobre sancionar delitos graves.
“Que tengan los expedientes, porque estamos hablando de delitos graves. Se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego homicidios, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder, violando lo que establece la Constitución?”, manifestó el mandatario.
La Corte revisará dos acciones de inconstitucionalidad y un amparo en revisión, relacionados con la prisión preventiva oficiosa, y se propone declarar la invalidez del artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y del artículo 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, “por establecer la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Luis María Aguilar.
El documento también destaca que la prisión preventiva oficiosa contradice los principios constitucionales de presunción de inocencia y proporcionalidad.
Prisión preventiva desata choque
El perfilamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar la prisión preventiva oficiosa del orden jurídico mexicano generó un choque entre la oposición y Morena y sus aliados.
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró estar en contra de esto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, externó respaldo al Poder Judicial, pues aseguró que los jueces imparten justicia con honradez e integridad y que “su impecable labor garantiza el respeto y cumplimiento del Estado de derecho en nuestro país”.
Esta actitud del Presidente va a ahondar y profundizar el conflicto o confrontación con el poder judicial. (...) no contra un juez, magistrado o ministro (...) es un riesgo para la democraciaJesús Zambrano, Dirigente nacional del PRD
En el mismo sentido, el dirigente perredista Jesús Zambrano opinó que el Ejecutivo “actúa sin límites”, pues dijo que, aunque existen “malos” jueces, esto no es una generalidad, por lo que refirió que descalificar sin distinción al Poder Judicial es sumamente grave para la democracia.
“Se sabe poseedor de la verdad y eso es peligroso para la vida del país; por supuesto que esta actitud del Presidente va a ahondar y profundizar el conflicto o confrontación con el poder judicial. Es contra el Poder Judicial, no contra un juez, magistrado o ministro, le barre parejo y es un riesgo para la democracia”, señaló.
En tanto, el panista Javier Lozano consideró que los señalamientos del Presidente es un signo de intolerancia hacia la división de poderes y contrapesos a todo aquello que contradiga sus decisiones.
Si la Suprema Corte se atreviera a desaplicar una parte del artículo 19 de la Constitución, estaría prácticamente derogando su texto y con ello vulnerando la división de poderesDiputados de Morena
Por el contrario, la bancada de Morena en la Cámara de Diputado fijó su posicionamiento en el que a pesar de reconocer que esta medida viola derechos, es necesaria para mantener a delincuentes peligrosos en prisión.
Recalcó que sólo el Congreso es quien puede modificar desde la Constitución, por lo que advirtió que “si la Suprema Corte se atreviera a desaplicar una parte del artículo 19 de la Constitución, estaría prácticamente derogando su texto y con ello vulnerando la división de poderes y afectando los intereses públicos fundamentales de las instituciones republicanas del Estado mexicano”.
Piden quitar la Prisión Preventiva
La decisión que adoptará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la desaparición de la prisión preventiva oficiosa fue respaldada por abogados litigantes, porque esa medida, señalaron, viola los derechos humanos de los presuntos inculpados.
Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y Juan Velázquez, litigante penalista, coincidieron en que la medida es una opción injusta y debería acotarse sólo en aquellos casos en que se justifique su aplicación.
“La presunción de inocencia debe prevalecer sobre cualquier otro principio, y en caso de que sea detenida en flagrancia una persona que cometió un delito grave, se puede aplicar, pero porque subsisten elementos que hacen suponer que no hay duda sobre su responsabilidad.
“Es una medida cautelar, no una sanción, (pero) en México se aplica como una sanción. Hay un catálogo en el 17 constitucional que habla sobre cuándo procede la prisión preventiva oficiosa y ese catálogo se amplió en este sexenio. Ese catálogo va en contra de las convenciones internacionales, en donde se dice que la prisión preventiva oficiosa es una excepción, no una regla general”, dijo De Buen.
Velázquez consideró que la prisión preventiva es un “mal necesario”, que permite asegurar que un acusado sea enjuiciado y no se ponga en riesgo a las víctimas.
“Lo que la Corte va a decidir, y que yo avalo, es que se dé libertad a los jueces para que, en cada caso, decidan imponer una libertad que se justifica o dejar en libertad provisional. No es una sentencia absolutoria al enjuiciado, pero con las medidas necesarias para que no escape. Una de las mayores injusticias, aunque a veces necesaria del procedimiento penal, se llama prisión preventiva”, dijo.
Con información de Yulia Bonilla, Jorge Butrón y Daniela Wachauf
