La decisión que adoptará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la desaparición de la prisión preventiva oficiosa fue respaldada por abogados litigantes, porque esa medida, señalaron, viola los derechos humanos de los presuntos inculpados.
Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y Juan Velázquez, litigante penalista, coincidieron en que la medida es una opción injusta y debería acotarse sólo en aquellos casos en que se justifique su aplicación.
“La presunción de inocencia debe prevalecer sobre cualquier otro principio, y en caso de que sea detenida en flagrancia una persona que cometió un delito grave, se puede aplicar, pero porque subsisten elementos que hacen suponer que no hay duda sobre su responsabilidad.
“Es una medida cautelar, no una sanción, (pero) en México se aplica como una sanción. Hay un catálogo en el 17 constitucional que habla sobre cuándo procede la prisión preventiva oficiosa y ese catálogo se amplió en este sexenio. Ese catálogo va en contra de las convenciones internacionales, en donde se dice que la prisión preventiva oficiosa es una excepción, no una regla general”, dijo De Buen.
Velázquez consideró que la prisión preventiva es un “mal necesario”, que permite asegurar que un acusado sea enjuiciado y no se ponga en riesgo a las víctimas.
“Lo que la Corte va a decidir, y que yo avalo, es que se dé libertad a los jueces para que, en cada caso, decidan imponer una libertad que se justifica o dejar en libertad provisional. No es una sentencia absolutoria al enjuiciado, pero con las medidas necesarias para que no escape. Una de las mayores injusticias, aunque a veces necesaria del procedimiento penal, se llama prisión preventiva”, dijo.
