Derogar la prisión preventiva oficiosa, como propuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo nos pone como país ante la puerta giratoria, sino que ahora estaríamos ante la puerta abierta para criminales de alta peligrosidad, advirtió el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.
“Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetas a prisión preventiva por delitos graves; secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar, mediante amparo, ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad”, destacó.
Señaló que a diferencia de la prisión justificada, cuando el ministerio público debe proponer la prisión preventiva por razones de riesgo de fuga o como protección a la víctima.
“Cuando consideran que no son suficientes para garantizar que el imputado comparezca, la investigación, la protección de la víctima o los testigos o cuando ya se le haya procesado o sentenciado por otros delitos de carácter doloso”, explicó el subsecretario, que es cuando la fiscalía debe justificar en cada caso, contra cada uno de los imputados.
Otro asunto que consideró muy grave es que se estaría legislando desde el Poder Judicial, algo que no ha ocurrido, dijo, en ningún momento.
“Sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte de Justicia la Nación se erige en un Poder Constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional”, abundó.
Mejía Berdeja dijo que históricamente, la prisión preventiva oficiosa ha buscado proteger a las víctimas de un delito y quitó la discrecionalidad de los jueces para otorgar la libertad a quienes se presumen cometieron delitos graves.
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