Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, por considerar que es una norma restrictiva de los derechos fundamentales.
La bancada naranja propone también eliminar los delitos inexcarcelables contenidos en el artículo 19 constitucional.
De esta forma, la modificación busca que cada juzgador determine la sanción que otorgará a la persona detenida a partir de una evaluación particular y concreta de cada caso.
El objetivo es que se determine si existe un riesgo fundado y razonable para aplicarle la PPO y que esta no sea dictada únicamente en función del delito cometido.
La reforma también propone que este artículo cumpla con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad personal, la cual establece que esta medida cautelar debe estar limitada por principios de legalidad, presunción de inocencia, entre otros, así como que debe ser excepcional y estar sujeta a revisión periódica.
“Las personas privadas de la libertad bajo la figura de la prisión preventiva, las personas sujetas a un proceso penal, así como las que ya hubiesen sido sentenciadas, deberán tener acceso a convenios, a espacios de orientación y apoyo para lograr un desarrollo personal, laboral, cultural, educativo social”, señala la bancada naranja.
En su exposición de motivos, las y los diputados recalcan que esta medida cautelar ha llevado a condiciones “deplorables”, de hacinamiento y autogobierno en las cárceles, donde uno de los grupos más afectados son los provenientes de comunidades indígenas, ante la falta de recursos e intérpretes para enfrentar su proceso.
Esta propuesta se convierte en la cuarta intervención legislativa del partido durante la actual legislatura, pues en el último año ha presentado iniciativas para eliminar el catálogo de delitos meritorios de la PPO y para garantizar la certeza jurídica de los imputados.
La iniciativa se propone en medio del debate que hoy continuará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde hasta ahora cuatro ministros y ministras se han pronunciado en contra del proyecto que de igual forma propone “inaplicar” el artículo 19 constitucional.
A pesar de sus posturas diferentes en cuanto al tema, las y los cuatro ministros han coincidido en que el máximo tribunal del país no está facultado para modificar la Carta Magna, al estar “llamados” a protegerla, y que al que le correspondería un cambio de esta magnitud es al Poder Legislativo.
FBPT
