Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional (AI) criticaron la decisión del Congreso mexicano de aprobar la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque “legalizan” la militarización del país.
“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México”, advirtió Nada Al-Nashif, Alta Comisionada interina de la ONU-DH.
Señaló que los mecanismos de derechos humanos “han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, y agregó que en esta decisión adoptada por el Congreso mexicano preocupa que no haya una subordinación de las fuerzas armadas al poder civil.
“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Sedena, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo.
Por su parte, Amnistía Internacional capítulo México lamentó en su cuenta de Twitter la decisión del Senado de “legalizar la militarización de México, la cual está expresamente prohibida por la Constitución y va en contra de los tratados internacionales”.
Por su parte, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI aseguró en un comunicado que esta determinación pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México.
“Lamentamos profundamente la decisión del Senado. Ya hemos visto los desastrosos resultados de la militarización de la seguridad pública en México durante los últimos 16 años. En vez de seguir por este camino, llamamos al Poder Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorizando en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública. Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad”, detalló en un comunicado.
MAEP
