Entre un intercambio de acusaciones constantes sobre hipocresía de la oposición y un pacto entre Morena y el PRI, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general y lo particular la extensión del plazo para que el Presidente de la República pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta por diez años.
Durante la sesión de este miércoles, se discutió la iniciativa presentada por la diputada tricolor Yolanda de la Torre, en la que propuso una modificación al artículo quinto transitorio del decreto de la Guardia Nacional, expedido en 2019, para ampliar cuatro años más la intervención militar, es decir, hasta 2028.
La aprobación se logró con los 28 votos a favor que sumaron PRI, Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
Al inicio, la también priista Cristina Ruiz propuso a nombre de la bancada una reserva, también aprobada con 26 votos, para extender el plazo por un año más, de forma que el titular del Ejecutivo pueda disponer de las fuerzas armadas hasta 2029.
La modificación presentada también incluyó crear una comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, para que todas las fuerzas políticas intercambien opiniones y sugerencias para pacificar al país.
También, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe semestral del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civiles.
“No son tiempos de señalamientos de estrategias fallidas, son los tiempos de las acciones, de las soluciones y de las respuestas a las familias mexicanas”, dijo la priista.
El debate del dictamen original y esta reserva desató la discusión entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y los priistas, Morena y sus aliados.
Un ligero altercado fue protagonizado por el emecista Salvador Caro y el morenista Oscar Cantón Zetina.
Caro Cabrera acusó que la propuesta es producto de una complicidad entre el PRI y Morena, con la que se terminará por militarizar al país.
“A lo que se están dirigiendo simple y sencillamente es a otorgar al PRI la carta de impunidad para que sus santones sigan libres en cualquier lugar del mundo, en dónde están o puedan tener una prisión domiciliaria”, dijo.
En respuesta, el morenista dijo: “El diputado Salvador barato dice que se está militarizando el país y una serie de incongruencias. Le diría que piense antes de hablar, que se oxigene”.
Las palabras hicieron que, más adelante, el emecista le arrojara una bolsa de cotonetes “por si no escuchaba bien” su apellido.
En tanto, el petista Pedro Vázquez consideró que había hipocresía en las palabras de los panistas al oponerse a esta reforma, pues dijo que “no fue Morena quien invitó al Ejército a la lucha contra el crimen organizado, ¿o ya se les olvidó que fue el gobierno de Felipe Calderón quien dejó sin sustento jurídico a las fuerzas armadas?”.
De igual forma fue aprobada una reserva presentada por el legislador, quien propuso respetar los derechos de los pueblos afromexicanos.
Por el contrario, la reserva presentada por Movimiento Ciudadano, quien proponía no reformar el artículo transitorio para no extender el tiempo de la presencia militar.
En su intervención, el panista Santiago Torreblanca consideró que sería ingenuo creer que sólo con las policías municipales o con la militarización se combatirá al crimen organizado, por lo que propuso que si se quiere la intervención de fuerzas armadas entonces se trabaje en una ley de seguridad interior para controlar la participación de éstas.
Su compañero de bancada, Ricardo Villarreal subrayó que, aunque los diputados defendieron la iniciativa afirmando que la incidencia delictiva disminuyó, en el dictamen se argumentó que esto se hacía para enfrentar una grave crisis de inseguridad.
lem.