Avanza que el Ejército apoye 10 años a la GN

Entre un constante intercambio de acusaciones sobre hipocresía de la oposición y un pacto entre Morena y el PRI, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la extensión del plazo para que el Presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta por 10 años.

Durante la sesión de ayer, se discutió la iniciativa presentada por la diputada del tricolor, Yolanda de la Torre, en la que propuso una reforma al primer párrafo del artículo quinto transitorio del decreto de la Guardia Nacional, expedido el 26 de marzo del 2019 —que plantea que las Fuerzas Armadas colaboren hasta por cinco años en labores de seguridad pública; es decir, hasta el 2024 —, para ampliar a nueve años la intervención militar, hasta el año 2028.

Sin embargo, al inicio de los trabajos, la también priista Cristina Ruiz propuso de último momento, a nombre de su bancada, una reserva para extender dicho plazo un año más, de forma que el titular del Ejecutivo pueda disponer de las Fuerzas Armadas hasta el año 2029.

La aprobación en lo general se logró con los 28 votos a favor que sumaron el PRI, Morena, PT y el PVEM. En contra se registraron 11 sufragios por parte del PAN; PRD y Movimiento Ciudadano.

La modificación presentada de última hora por Ruiz Sandoval también incluyó crear una comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, para que todas las fuerzas políticas intercambien opiniones y sugerencias para pacificar al país.

También, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe semestral del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civiles del país.

“No son tiempos de señalamientos de estrategias fallidas, son los tiempos de las acciones, soluciones y respuestas a las familias mexicanas”, dijo la priista.

El debate del dictamen original y esta última reserva desató la discusión entre ambos bloques, pues durante la sesión se elevaron los ánimos entre el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, y el morenista Oscar Cantón Zetina.

En su intervención para pronunciarse en contra de estas modificaciones, Caro Cabrera acusó que la propuesta es producto de una “complicidad” entre el PRI y Morena, con la cual, dijo, se terminará por militarizar al país.

“A lo que se están dirigiendo simple y sencillamente es a otorgar al PRI la carta de impunidad para que sus santones sigan libres en cualquier lugar del mundo, en donde están, o puedan tener una prisión domiciliaria”, apuntó.

En respuesta, el morenista señaló: “El diputado Salvador ‘barato’ (Caro) dice que se está militarizando el país y una serie de incongruencias… Le diría que piense antes de hablar, que se oxigene”.

La confrontación hizo que, después, el emecista le arrojara una bolsa de isopos “por si no escuchaba bien (su apellido), por su edad, lo haga de aquí en adelante”.

Las palabras del emecista fueron acompañadas por la sonrisa de su compañera de bancada Julieta Mejía y la expresión de la morenista Andrea Chávez, quien pasó de un bostezo a levantar las cejas.

Mientras tanto, el petista Pedro Vázquez consideró que había hipocresía en las palabras de los panistas, al oponerse a esta reforma, pues dijo que “no fue Morena quien invitó al Ejército a la lucha contra el crimen organizado. ¿O ya se les olvidó que fue el gobierno de Felipe Calderón quien dejó sin sustento jurídico a las Fuerzas Armadas?”, preguntó.

De igual forma, fue aprobada una reserva presentada por el legislador petista, quien propuso especificar en la enmienda el respeto a los derechos de los pueblos afromexicanos. Por el contrario, una reserva de MC, que contemplaba no reformar el artículo transitorio, fue desechada.

En su intervención, el panista Santiago Torreblanca consideró que sería ingenuo creer que sólo con las policías municipales o con la militarización se combatirá al crimen organizado, por lo que sugirió que, si se quiere la intervención de Fuerzas Armadas, entonces se trabaje en una ley de seguridad interior para controlar la participación de éstas.

Petistas y morenistas, como Susana Prieto, rechazaron los señalamientos de la oposición en el sentido de que la GN no ha dado resultados, pues puntualizaron que, desde su implementación, se ha logrado disminuir la incidencia delictiva.

El panista Ricardo Villarreal subrayó que estas declaraciones son contradictorias al argumento esgrimido en el propio dictamen, en el cual se reconoce el aumento de la inseguridad, y que es en el cual descansa la propuesta de ampliar el tiempo en que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública del país.

Ven “ánimo” constructivo con el PRI en reforma

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, para dialogar sobre la iniciativa promovida por el PRI en la Cámara de Diputados que busca ampliar el periodo de la participación del Ejército en tareas de seguridad.

En el encuentro, el encargado de la política interna del país destacó que existe un ánimo constructivo por parte del PRI para sacar adelante la reforma, mientras que el líder de la mayoría legislativa se comprometió a “intentar lograr” que ésta salga.

“Claro que es deseable que se apruebe y los diputados tendrán la última palabra”, expresó el secretario de Gobernación ante los medios y delante de Monreal, a quien entre risas le dijo: “Nada más te vine a dar tu abrazo por fiestas patrias”.

El coordinador de la bancada guinda apuntó que, como le dijo López Hernández, hay un ánimo constructivo con el PRI y hoy se prevé que la reforma sea aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que el trámite pasará al Senado.

Al respecto, precisó que en la Cámara alta lo tramitarán a través de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda: “Nosotros no vamos a acudir a la vía rápida, al fast track, a dispensar trámites, menos cuando se trata de reformas constitucionales. Y, si pasa en Cámara de Diputados y nos envía, nosotros lo turnaremos a comisiones para discusión”.

Monreal reconoció que Morena no cuenta con la mayoría calificada en el Senado, por lo que además de “convencer” al PRI tendría que sumar a otros grupos.

“Les voy a decir más o menos cuántos tenemos: 60 votos si venimos todos de Morena, que normalmente nos faltan uno, dos o tres, pero pongamos que viniéramos todos sin excepción y todos votaran a favor, serían 60 o 58 o 57, pero pongamos 59 por uno que no votara o que no viniera o que se enfermara; son cuatro del PES, que siempre nos acompañan, serían 63, más seis del Verde, que siempre nos acompañan, 69; más cuatro del PT, son cinco, pero a veces una de ellas no nos acompaña, 73. Nos faltan 13 para estar, entre 13 y 14 para tener mayoría calificada”, detalló.

El líder de la bancada aseguró que buscará sacar adelante la reforma “por convicción”, no porque el secretario de Gobernación se lo ordenara, porque aseguró que “yo no tengo ningún jefe ni patrón”.

Murat reitera su confianza en FA contra inseguridad

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas, debido a que no existe en el corto plazo otra estrategia que le pueda brindar seguridad a los mexicanos.

El mandatario aseveró: “Por eso en el corto plazo y mientras no exista otra estrategia que le pueda brindar al pueblo de México la seguridad que exige y merece, es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas y cambiar el marco jurídico que da certeza a la Guardia Nacional”.

Además, comentó que en los últimos tres sexenios la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna ha sido constante y permanente, por ello, reiteró su confianza en esta institución, que siempre ha respondido de manera incondicional, a las estrategias y políticas de seguridad que cada Gobierno en turno les ha planteado, independientemente de afiliación política.

“Como gobernador del estado de Oaxaca, mi principal obligación es ocuparme de la seguridad de los oaxaqueños; para ello es fundamental que la coordinación de los tres órdenes de Gobierno en las tareas de seguridad sea con un marco jurídico claro, y que dé certeza a todos los participantes”, explicó.

Alejandro Murat dijo que el PRI a lo largo de su historia ha tomado decisiones con criterio propio, que respondan a las necesidades de la gente, pues hoy la necesidad más amplia es tener un México seguro, por ello, se pronunció a tener un marco jurídico que le dé certeza a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN), y que sea en el 2024 cuando se discuta si se mantiene el actual modelo o se cambia.

“Por lo que como gobernador de Oaxaca es mi obligación informar a la opinión pública, que en estos momentos no se ha presentado otro modelo que permita contrastar y demostrar que se puede tener una mejor alternativa a corto plazo”, dijo.

Otros mandatarios como José Rosas Aispuro, en Durango, y Enrique Alfaro, de Jalisco, ya también se pronunciaron por la presencia de la GN por siete años más.

CNDH respalda que GN se adscriba a la Sedena

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respaldó la transferencia para que el control de la Guardia Nacional (GN) recaiga en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como forma de combatir la “emergencia” en el combate a la delincuencia, ya que, en estos momentos, acentuó, no existe otra estrategia para disminuir la violencia que vive el país.

Por lo tanto, anunció que no promoverá ninguna acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas en el Senado de la República para la adscripción de la GN a la Sedena.

“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”, destacó en un comunicado.

La CNDH detalló que la participación de cuerpos castrenses debe realizarse, siempre que sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales, las que corresponde tutelar y observar durante el tiempo de vigencia de las reformas legales.

Sostuvo que es verdaderamente prioritario que la Guardia Nacional intervenga, pero también que las labores se efectúen en estricto respeto a los derechos humanos, atendiendo los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de su protección, poniendo en el centro de sus funciones el cumplimiento del principio pro-persona, de tal modo que su actuación sea, efectivamente, una herramienta de pacificación y de reconciliación nacional.

El órgano autónomo destacó que es necesario implementar una estrategia nacional de seguridad ciudadana, mediante la cual se establezcan responsabilidades de todas las autoridades que se encargan de la protección de las personas, así como un plan de acción y certeza.

“La emergencia en materia del combate a la delincuencia organizada y los niveles de violencia que se generan implica una alta demanda de respuestas por parte de la población, por lo que exigen una actuación inmediata, eficaz y contundente por parte de las instituciones”, señaló la CNDH, en un amplio posicionamiento sobre el tema.

Por ese motivo, aclaró que se cumple el caso de las reformas aprobadas, de tal suerte que la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena atiende a los parámetros tanto nacionales como internacionales de los derechos humanos, porque es extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

En todo caso, señaló que en México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación, profesionalización de sus integrantes y su actuación, con un enfoque de derechos humanos.

Por el contrario, señaló que las policías adolecen de grandes debilidades que limitan su eficacia, como procesos poco rigurosos de selección de personal, falta de capacitación de acuerdo con las características de la convivencia, modelos doctrinarios obsoletos, corrupción interna, prevalencia de prácticas abusivas contra los ciudadanos, insuficiente especialización y escasez de recursos.