La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respaldó la transferencia para que el control de la Guardia Nacional (GN) recaiga en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como forma de combatir la “emergencia” en el combate a la delincuencia, ya que, en estos momentos, acentuó, no existe otra estrategia para disminuir la violencia que vive el país.
Por lo tanto, anunció que no promoverá ninguna acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas en el Senado de la República para la adscripción de la GN a la Sedena.
“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”, destacó en un comunicado.
La CNDH detalló que la participación de cuerpos castrenses debe realizarse, siempre que sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales, las que corresponde tutelar y observar durante el tiempo de vigencia de las reformas legales.
Sostuvo que es verdaderamente prioritario que la Guardia Nacional intervenga, pero también que las labores se efectúen en estricto respeto a los derechos humanos, atendiendo los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de su protección, poniendo en el centro de sus funciones el cumplimiento del principio pro-persona, de tal modo que su actuación sea, efectivamente, una herramienta de pacificación y de reconciliación nacional.
El órgano autónomo destacó que es necesario implementar una estrategia nacional de seguridad ciudadana, mediante la cual se establezcan responsabilidades de todas las autoridades que se encargan de la protección de las personas, así como un plan de acción y certeza.
“La emergencia en materia del combate a la delincuencia organizada y los niveles de violencia que se generan implica una alta demanda de respuestas por parte de la población, por lo que exigen una actuación inmediata, eficaz y contundente por parte de las instituciones”, señaló la CNDH, en un amplio posicionamiento sobre el tema.
Por ese motivo, aclaró que se cumple el caso de las reformas aprobadas, de tal suerte que la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena atiende a los parámetros tanto nacionales como internacionales de los derechos humanos, porque es extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
En todo caso, señaló que en México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación, profesionalización de sus integrantes y su actuación, con un enfoque de derechos humanos.
Por el contrario, señaló que las policías adolecen de grandes debilidades que limitan su eficacia, como procesos poco rigurosos de selección de personal, falta de capacitación de acuerdo con las características de la convivencia, modelos doctrinarios obsoletos, corrupción interna, prevalencia de prácticas abusivas contra los ciudadanos, insuficiente especialización y escasez de recursos.
RFH