Un juez federal dictó este miércoles auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez y dos militares más, por su presunta vinculación al grupo delictivo Guerreros Unidos y a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo cual se abre el proceso penal en su contra.
El juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la ciudad de Toluca, Enrique Beltrán Santes, ordenó esta medida por el delito de delincuencia organizada en contra del brigadier, y por este mismo delito y desaparición forzada en contra del sargento Eduardo Mota Esquivel y del capitán José Martínez Crespo, confirmaron a La Razón fuentes del Consejo de la Judicatura Federal y los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, defensores de los militares.
El inicio del proceso penal se dio unas horas después de que el abogado Robledo Carretero declaró a La Razón que habían tramitado un amparo contra el informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, por considerar que se basó en testimoniales de un único testigo protegido.
Una vez definida la situación legal de estos militares por el caso Ayotzinapa, sus abogados reiteraron que continúan las irregularidades, el ocultamiento de información en el proceso, por lo que esto, dijeron, se convirtió en un tema “político en el ámbito judicial”.
En entrevista con La Razón, César Omar González y Alejandro Robledo detallaron que el juez Enrique Beltrán dictó este miércoles, a la una de la mañana, el auto de formal prisión.
González Hernández expuso que, de primera instancia, defenderán a sus clientes porque se les acusa de delincuencia organizada y esa no es causa en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), presentado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Ratificó que, hasta ayer, no les habían permitido el acceso a los expedientes y eso es una falta al debido proceso.
El defensor dijo que en el informe presentado por el subsecretario y las constancias que integran la causa 15/2022 no son los mismos. El informe habla de que el general desapareció a seis personas y él no está siendo procesado por el delito de desaparición forzada. “Eso es una inconsistencia”, dijo.
En el caso de los otros dos militares, sí están sujetos a proceso también de desaparición forzada, pero “no hemos podido precisar exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar; es decir, “¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?”.
El Juzgado de Distrito no nos permitió el acceso al pliego de consignación y a la orden de aprehensión; “nos oculta información, que no nos permite llevar una defensa adecuada”, afirmó González.
Recordó que tanto los defensores como los inculpados tienen el derecho que les asiste y les da la Constitución para establecer “una defensa correcta, bajo la totalidad de las constancias”.
“Si a nosotros no nos dan acceso a la totalidad y a las constancias, pues se vuelve algo complicado hacer una defensa adecuada. Entonces, eso será algo que nosotros atacaremos en su momento en los tribunales correspondientes”, refirió.
El defensor reiteró que han tenido un acceso “parcial” a las constancias y a la lectura del juez, y por lo tanto no se puede conocer a plenitud todo el expediente, cosa que es irregular.
Agregó que sus defendidos están indignados, porque son inocentes y no están dispuestos a permitir que su nombre salga “manchado” por un delito que no cometieron, ni tampoco el de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cuestionado sobre si el caso se convirtió en un tema político, César Omar González dijo: “Sí, podríamos decirlo, que ya se convirtió en un tema político en el ámbito judicial. Vamos a defender la parte técnica-jurídica; esa es la función que tenemos como defensores, pero sí tiene un aspecto político que no nos toca a nosotros involucrarnos”.
Los abogados precisaron que, una vez dictado el auto de formal prisión, tienen tres días hábiles para la apelación.
En el caso del subteniente Fabián Alejandro Pirita, el cuarto militar señalado, será hasta este jueves cuando se defina su situación jurídica, pues él se entregó a las autoridades un día después de que lo hiciera su superior, el general Rodríguez, y por lo tanto hoy se vence el plazo para el juez.
Los cuatro están implicados en la causa penal 15/2022 radicada en el juzgado de Toluca y de donde se giraron siete órdenes de aprehensión para los cuatro militares, el expresidente de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y quien fuera director de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, Felipe Flores.
Los militares se encuentran recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, mientras que Abarca, su esposa y Felipe Flores permanecen en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Juez exonera a otros 24 por el caso Ayotzinapa
De nueva cuenta, el juez federal Samuel Ventura Ramos, con sede en Tamaulipas, ordenó la liberación de 24 personas relacionadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, con lo que hasta el momento suman más de 120 liberados por este juez en lo que va de la investigación, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
“Nuevamente, el juez Samuel Ventura Ramos libera a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados”, dijo.
“Esperamos que la FGR la recurra. Esta es la justicia que defienden los testaferros de la Verdad Histórica”, escribió en Twitter, tras recordar que la causa penal se abrió a inicios del 2018 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En esta ocasión el juez absolvió a expolicías de Iguala, Guerrero, porque la Fiscalía General de la República (FGR) no habría utilizado copias certificadas, ni hizo sus propios análisis, sino que sólo se remitió a retomar el trabajo de la Fiscalía del Estado.
El juzgador detalló que no logró acreditarse la responsabilidad de las personas en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en contra del estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien ese 26 de septiembre recibió un balazo en la cabeza que lo postró en coma.
Entre los argumentos para la resolución es que las pruebas fueron violando derechos fundamentales, así como presentación de documentos certificados y no originales.
Murillo Karam presenta dos demandas de amparo
El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó dos demandas de amparo contra la prisión preventiva justificada, así como la vinculación a proceso por el caso Iguala.
La Oficialía de Partes de la Ciudad de México habría recibido los dos recursos legales, para ser turnadas posteriormente a alguno de los órganos jurisdiccionales especializados, pues en las demandas, Murillo Karam solicitó analizar si ambos actos fueron dictados conforme a derecho, por lo que la autoridad decidirá si los admite a trámite.
Fue el pasado 24 de agosto cuando un juez del Reclusorio Norte vinculó a proceso a Murillo Karam por delitos relacionados a la tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa, en donde 43 normalistas fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos en septiembre de 2014.
La autoridad consideró que Murillo Karam cuenta con los recursos necesarios para darse a la fuga, por ello, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al inicio de su juicio, tras ser detenido en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.
Después de ello –cuatro días después– fue vinculado a proceso tras las acusaciones de la Fiscalía General de la República, pues la dependencia federal detalla que el exfuncionario público entorpeció la investigación que pudo encontrar la verdad y hallar el paradero de los normalistas de Ayotzinapa.
Los recursos que el exprocurador presentó son para pelear por separado la medida de prisión preventiva y las acusaciones por el caso Ayotzinapa. En este tenor, la acusación por la presunta manipulación y desaparición de evidencias en el caso habrían ocurrido entre octubre de 2014 y enero de 2015, así como desviar líneas de investigación para contribuir a mantener la desaparición de los jóvenes.
Recordar que fue Jesús Murillo Karam quien dio a conocer en noviembre de 2015, la llamada “Verdad Histórica” sobre la teoría de la desaparición de los 43 normalistas, misma que trascendió por la frase “ya me cansé”.
Embozados vandalizan la embajada de Israel
Una veintena de presuntos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, vandalizó las instalaciones de la Embajada de Israel en la Ciudad de México, con el objetivo de exigir la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, señalado como artífice para construir la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Desde el mediodía, los normalistas arribaron a las instalaciones, ubicadas en Lomas de Chapultepec, para gritar consignas y protestar por la falta de respuesta de las autoridades de ese país a las peticiones del Gobierno federal, que solicitaron desde hace algunos meses el traslado del exfuncionario para que responda por el caso.
Con consignas de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los estudiantes subieron a las bardas, rompieron las cámaras de seguridad y realizaron pintas en los muros de la sede diplomática.
Los mensajes que se alcanzaron a leer fueron: “Extradición de Tomás Zerón ya” y “fue el Estado”, aunque también se incluyó “muerte a Israel”.
Los alumnos en todo momento estuvieron encapuchados y ninguna autoridad llegó al sitio, únicamente elementos de Tránsito capitalino controlaron los accesos vehiculares y los cierres de calles.
Ante esto, el embajador Israel en México, Zvi Tal, señaló que su país debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales, mientras se examina la solicitud de extradición de Zerón de Lucio.
En un videomensaje, aseguró que a pesar del “traumático evento” registrado en la Embajada, aún se cree en el futuro de la relación diplomática entre ambos países.
Expresó su solidaridad con la inconformidad de los manifestantes y su respeto a la labor de las autoridades mexicanas “sin embargo Israel como Estado de derecho debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales mientras examina la solicitud requerida por México, incluso cuando se trata de una petición relacionada con una herida abierta en la opinión pública mexicana”
Bloquean Reforma por más de 30 horas
Un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la colonia Juárez, realizado por estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en el municipio de Teteles, Puebla, cumplió ayer más de 30 horas.
El cierre, que inició la mañana del pasado martes, ocasionó caos vial en los alrededores y molestia entre usuarios de los autobuses concesionados, así como entre los automovilistas, quienes sufrieron retrasos al intentar llegar a sus destinos.
Las afectaciones alcanzaron las estaciones del Metrobús de la zona, entre ellas Reforma y Hamburgo, lo que ocasionó aglomeraciones y retrasos en los tiempos de espera de los usuarios de este medio de transporte.
Aunque los normalistas, quienes denuncian agresiones, hostigamiento y acoso de parte de los directivos de su institución, han solicitado una mesa de trabajo con las autoridades federales, hasta el cierre de esta edición no se había logrado ningún acuerdo en más de un día de protesta ni las autoridades capitalinas habían intentado retirar el bloqueo.
Los manifestantes cerraron el paso vehicular en distintos puntos con tres camiones y decenas de mantas rojas en las que escribieron mensajes con sus peticiones y demandas, en las que se leían frases como “destitucion inmediata a directivos”, “quiero estudiar y no morir en el intento”, y “no a la privatización”.
Además del cese de la represión académica, los estudiantes solicitan que se les dé autorización para que los alumnos de cuarto grado realicen prácticas y la liberación de recursos para dar servicio en el comedor escolar
Debido al bloqueo, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó a los capitalinos tomar como alternativas viales el Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Bucareli y el Eje Central.
Padres de los 43 ven avance... e impunidad
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalaron que, si bien es un avance la detención y formal prisión contra militares, sigue existiendo un pacto de impunidad que no permite avanzar en el caso, porque persiste la protección contra más elementos castrenses y políticos de alto perfil.
En entrevista con La Razón, Melitón Ortega, vocero de los padres, destacó la importancia de que haya aprehensiones en el caso, ya que es muestra de avance y de que el Gobierno federal hace su trabajo, aunque pidió esperar para ver en qué termina el proceso.
“A nosotros no nos avisan de esos procesos, por ello estamos esperando, pero nos parece importante que ya las autoridades estén actuando, aunque estaremos atentos de lo que vaya pasando en el caso. Lo importante es ver en qué termina el proceso, pues apenas los detienen”, dijo.
La Razón publicó este miércoles que el general José Rodríguez, detenido por el caso Ayotzinapa, está acusado de delincuencia organizada y no de desaparición forzada, y únicamente con base en la declaración de un testigo protegido inválido, según su defensa. Ayer mismo, un juez dictó formal prisión en contra del brigadier y de dos militares más.
Por separado, Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, señaló que para ellos el principal objetivo es saber el paradero de sus hijos, aunque subrayó que fueron varios los militares que tuvieron participación en el secuestro de los normalistas.
“Sabemos que había 20 órdenes de aprehensión en contra de militares, pero únicamente se están ejerciendo cuatro, porque de las otras los jueces ya se desistieron, lo que es preocupante porque, si bien es importante la detención de personas, el principal avance es saber el paradero de nuestros hijos”, indicó.
La madre dijo que aún ven resistencia y protección a algunos militares, y por ello, se encuentran realizando movilizaciones, con el fin de romper el pacto de impunidad que, aseguró, persiste en el país.
“Queremos saber qué pasó con las demás órdenes y por qué sólo se van contra cuatro militares; eran más”, aseveró.
Legideño Vargas indicó que las autoridades sólo se están yendo contra algunos elementos y no contra mandos o políticos que participaron y “es evidente que hay resistencia para llegar a la verdad”.
Comentó que se tiene que investigar “con lupa” a cada uno de los implicados, ya que muchos de los análisis provienen de las declaraciones del testigo protegido El Gil, pero se desconoce si este personaje declare con el propósito de que se conozca la verdad o por salvarse.
“No sabemos si lo que dice El Gil es verdad; no han permitido que los archivos militares salgan a la luz; a todos se los han negado, a expertos y autoridades; incluso, han dicho que fueron destruidos”, agregó.
Finalmente, sostuvo que no hay avances en torno a la responsabilidad de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, así como de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, a pesar de que se muestra en videos que tienen responsabilidad al acudir al basurero de Cocula a alterar la escena.
CEHR
