Organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar de manera urgente las acciones de inconstitucionalidad pendientes por el tema de militarización, debido a que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para estar en las calles.
“Queremos exigirles que discutan las acciones de inconstitucionalidad pendientes en materia de militarización”, destacó Marcela Villalobos, integrante de Seguridad sin Guerra.
La activista explicó que en 2019 la Guardia Nacional (GN) se creó como un cuerpo civil, pero desde el primer día lo hicieron militar: “Hoy la corporación está formada casi en su totalidad de militares, además que obligan a la gente que se quedó de la Policía Federal a renunciar”, destacó.
Además, señaló que una corporación que no sabe hacer seguridad está en las calles y hoy la Suprema Corte de Justicia (SCJN) “es cómplice de ello”.
Lucía Chávez, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que las Fuerzas Armadas tienen una lógica de guerra contraria a los estándares de la Constitución en materia de seguridad.
“Hay violación de derechos humanos; por ejemplo hay más de mil investigaciones por tortura que no han sido investigadas de 2007 a la fecha y, de ellas, sólo 33 han sido judicializadas en la Fiscalía General de la República (FGR)", comentó.
Además, experta mencionó que en 2022 hay 122 quejas por detenciones arbitrarias de la Guardia Nacional.
María Elena Morera, directora de Causa en Común aseguró: “Nos mintieron las Fuerzas Armadas y el Presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que eran civiles, pues los militares se encargaron de tener el mando, discriminando a las policías estatales y con un mando que no sabe sus responsabilidades”, añadió.
Señaló que no se formaron a los elementos como policías, pero aclaró que no están en contra de las Fuerzas Armadas, sino de los mandos que decidieron pisar la Constitución y el mando civil.
La activista mencionó qué hay denuncias dentro de la Guardia Nacional por acoso contra mujeres, pero no se hace nada: “La Corte tiene un tortuguismo que no quiere resolver”, acusó.
Las exigencias de las organizaciones es priorizar un mando civil, impulsar las policías estatales, regreso de fondos a las corporaciones para su reforzamiento.
Además, pidió a los gobiernos estatales y municipales no dejar su responsabilidad a la Federación y proteger a los ciudadanos que gobiernan.
“De ser necesario recurriremos a instancias internacionales para que no hagan caso”, dijo, y agregó que “el silencio de la Corte y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es criminal, pues se pone en riesgo al país”.
Al momento, de acuerdo con las organizaciones, hay 53 casos de mandos militares en secretarias de Seguridad en los estados como titulares.
CEHR