Luego de dos años, el aborto volvió como la tercera causa de muerte materna en el país, y su modalidad clandestina es considerada por organismos y especialistas como su principal detonante, ante la estigmatización y criminalización del derecho de las mujeres y personas gestantes a elegir sobre su cuerpo y ejercer o no la maternidad.
Datos del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna de la Secretaría de Salud (Ssa) indican que la interrupción del embarazo concentra 7.4 por ciento de las 486 muertes maternas documentadas en el país, de enero a septiembre de este año, al sumar 36 registros.
En septiembre del 2019, antes de la pandemia, el aborto se colocaba en la misma tercera posición como causa de decesos, pero con 49 casos; sin embargo, los dos años posteriores fue desplazado por las muertes maternas derivadas del Covid-19, que generaron más de un centenar de defunciones en el periodo similar.
En marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió nuevas directrices para ayudar a los países a prestar una atención que salve vidas, tras apuntar que los abortos inseguros causan alrededor de 39 mil muertes anuales.
Previamente, subrayó que los abortos en condiciones peligrosas son una de las principales causas de morbilidad materna y que, además, pueden generar complicaciones físicas y hasta sociales para quienes se someten a este procedimiento.
Datos de la organización Telemedicina para la Interrupción Legal del Embarazo (Telefem) indican que, sólo en el 2021, se registraron unas seis mil 700 muertes de mujeres relacionadas con abortos inseguros en México.
La Organización Mundial de la Salud señaló que diariamente mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto, entre las que se incluyen los abortos inseguros, de los cuales se practican 25 millones anualmente.
Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) apuntan que el estigma y penalización que rodea al aborto obliga a que algunas mujeres y personas gestantes se vean orilladas a realizar el procedimiento clandestinamente.
En otra arista del problema, en México la criminalización del aborto permea y con el paso del tiempo ha incrementado el número de denuncias en contra de quienes deciden ejercer su derecho a elegir sobre su cuerpo.
Entre enero y agosto de este año, en México se abrieron 554 carpetas de investigación por aborto en el país, lo que representa 15 por ciento más de lo registrado el mismo lapso del 2021 (480) por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El aumento se dio, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el año pasado declaró inconstitucional la criminalización del aborto, y por encima de que los congresos de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Coahuila han legislado a favor de esta práctica.
Aunque para Melissa Ayala, abogada en el GIRE, una de las batallas es sacar del Código Penal Federal el aborto como delito, el objetivo es también garantizar un acceso libre y seguro, pues “hemos visto que, una vez que se despenaliza en los estados, siguen encontrando múltiples barreras para que puedan acceder al aborto”, comentó, en entrevista.
Aunque afirmó que existe un avance positivo al momento en que jueces emiten sentencias sobre el tema, señaló que en muchas ocasiones aún “no logran entender el contexto en el que ocurren los casos. El mandato obligatorio de la maternidad sigue imperando en la conciencia colectiva de los ministerios públicos y hasta personal de salud, y llega a ser una de las razones por las que dan aviso a las autoridades para que se inicie una investigación”, externó.
María Tovar, doctora anestesióloga con más de 30 años de experiencia y que ha asistido en interrupciones de embarazo, afirma que un aborto en condiciones de legalidad, con todos los insumos y personal capacitado, reduce considerablemente las muertes.
“A veces, los lugares clandestinos no están bajo médicos especialistas. A nivel hospitalario nos llegan continuamente muchas mujeres con legrados mal realizados; pacientes sépticas (con infección) o con intestinos o úteros perforados, choques hipovolémicos. Eso no lo merece ninguna mujer… No se debe criminalizar, sino respetar a quienes desean ser madres y no serlo. Que sea un compromiso que todas las mujeres tengan derecho a decidir”, dijo.
