El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa denunció irregularidades, intromisiones, falta de información de instituciones e inconsistencias en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
En conferencia mencionaron al presentar el Tercer Informe sobre el caso, que existen avances como la presencia con vida de algunos de los normalistas hasta el 4 de octubre de 2014, el conocimiento del Ejército en tiempo real de las actividades de los penalistas, incluso el día de la desaparición, así como el espionaje de alumnos, familiares y policías a través del programa Pegasus.
Además, señalaron que a petición de lo padres se debe investigar los chats presentados en el reciente informe de la Comisión para el Acceso a la Justicia en el caso Iguala, debido a que las comunicaciones son diferentes a las dadas a conocer en las investigaciones de Estados Unidos por la ruta de trasiego de drogas Iguala-Chicago.
“Existían procesos de intervención telefónica, monitoreos de comunicaciones de Guerreros Unidos y otras autoridades, eso demuestra que el 26 y 27 se había monitoreo”, destacó Ángela Buitrago.
Señalo que los informes a los que han tenido acceso demuestran que entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, se trasladaron a dos grupos de personas, uno con seis y otro con 11 personas: además, señala qué hay comunicaciones que piden el 20 septiembre de 2014, se informe de todo lo que suceda del 20 al 26 a la 35 zona militar.
“La información detecta al centro de inteligencia de la Sedena que hacía labores de inteligencia, pero la respuesta ha sido la negación”, detalló.
Claudia Paz detalló que la exProcuraduría General de la República (FGR) ocultó desde el inicio el quinto autobús, mismo que fue detenido en el Puente El Chipote y que traía consigo un cargamento de cocaina y heroina que siguió su camino, evadiendo todos los retenes hasta llegar a otro estado.
En este sentido, dijo que había una investigación en Estados Unidos por el trasiego de drogas desde Iguala hasta Chicago, por ello pidieron esa hipótesis sobre la desaparición de los normalistas en ese tema; pues se comprobó que se escondían dichas drogas en buses de pasajeros.
Francisco Cox detalló que la fiscalía especial sobre Ayotzinapa mostró cómo el crimen organizado estaba vinculado con el Ejército, funcionarios y policías municipales en la desaparición de los normalistas. “No solo se trata de declaraciones, sino de hechos con documentos”, destacó.
Además, denunció que se dijeron verdaderas que resultaron mentiras como la quema de lo normalistas en el basurero de Cocula o que no se sabía de los monitoreos a lo estudiantes por parte de las Fuerzas Armadas.
“Se descubre por una llamada anónima que dijo que habían tirado restos, esa llamada jamás existió y la persona se retractó porque dijo fue presionada”, explicó.
Por otra parte, mencionó que se habían generado acuerdos con el fiscal general Alejandro Gertz pero no se cumplieron, aparte que la unidad solicitó pericias al interior de la fiscalía que no daban resultados, que obligaban a solicitar asesorías a otras dependencias en el extranjero, sobre todo en análisis de voz que resultados positivos.
“El 16 de agosto se dio la mayor ruptura con la FGR, pues se manda a una mujer para que haga funciones de control interno en la unidad especial, pero no se justifica porque era necesaria la incorporación de esta persona, y se va en contra de los convenios, además no tenía conocimiento del caso”, detalló.
Además del retiro de policía de la unidad y falta de auditorías en la misma fiscalía. Por ello, teme que haya represión en contra de la oficina especial.
El hecho más grave de la intromisión es cuando se solicita la cancelación de 86 órdenes, de acuerdo al experto; “pues sin conocimiento, funcionarios externos, y ministerios públicos se realizan las cancelaciones.
Entre ellas suspensión de órdenes en contra de militares y elementos del C4 que estuvieron en Iguala “moviendo las cámaras” el día de la desaparición de lo normalistas.
Los expertos mencionaron que pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador una prórroga de su trabajo de un mes, ya que su mandato termina el 30 de septiembre, pero aseguraron que si el Ejecutivo pide quedarse lo harán; aparte que urgieron la necesidad de un grupo de seguimiento ya que el caso no se resolverá en un mes.
