E ste jueves se prevé la discusión y votación de un dictamen aprobado en el 2017 en el Senado, con el que se reforma la Ley General de Salud para que todas las personas, con algunas excepciones, sean donadoras de órganos al morir, en caso de no expresar su voluntad contraria en vida.
A partir de una iniciativa presentada por Manuel Alejandro Robles, de Morena, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señala que México enfrenta una transición demográfica y epidemiológica que ha implicado cambios importantes en la atención a la salud.
“La donación de órganos en México se ve, lamentablemente, frenada por el desconocimiento de los procedimientos requeridos para efectuar una donación altruista, la desconfianza sobre el correcto manejo y disposición de los órganos donados y el miedo a que los mismos puedan ser comercializados… En suma, impiden que las instituciones sanitarias obtengan un mayor número de órganos y tejidos que les ayuden a disminuir o, al menos, mitigar las cifras deficitarias que en este ámbito seguimos arrastrando”, se señala en la propuesta.
Al recuperar estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), los legisladores apuntaron que la donación proveniente de donantes cadavéricos ha caído durante los últimos años y que muchas de las donaciones no se concretan, ante la negación por parte de familiares.
Datos del Cenatra, con corte al primer semestre del año, indican que 17 mil 076 personas están en espera de un riñón; cinco mil 192, de córnea; 248, de hígado; 57, de corazón, y 11, de más de un órgano.
Por dependencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el ente que más receptores en lista de espera tiene: 16 mil 263, seguido por el sector privado, con dos mil 790.
En la argumentación, retoman los principios rectores de la donación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consisten en no extraer órganos de menores ni personas con discapacidad; que el procedimiento debe ser gratuito, que el retiro de órganos de personas fallecidas proceda con el consentimiento exigido por la ley y cuando la persona no se haya opuesto a esto en vida.
A efecto de perfeccionar y actualizar la legislación en materia de donación y trasplante de órganos e incentivar esta práctica mediante el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica a los procesos, la Comisión de Salud propuso reformar la Ley General de Salud en sus artículos 320, 321, 322, 323, 325, 326 y 329.
La reforma especifica que dicho consentimiento de donación de especie automática sólo aplicará una vez que se confirme la pérdida de la vida del donador y se deberá informar de inmediato a los familiares de la persona.
De igual forma, atribuye al Cenatra y los centros estatales de trasplantes el compromiso a garantizar que ni el receptor o su familia conozcan la identidad del donante, ni viceversa.
En caso de desear no ser donador, la persona podrá emitir un escrito con su firma o expresar su negativa mediante documentos públicos o electrónicos que determine la Ssa.
Falta de Internet paraliza sesión de la Cámara baja
Una falla técnica, la cual provocó la caída del Internet, obligó a suspender la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde se discutía el dictamen con el cual se daría cumplimiento a una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ordenó a los legisladores fundamentar y motivar sus facultades para disminuir los recursos presupuestales del año 2022 al INE.
Luego de tres horas de debate, donde las fuerzas políticas expusieron sus planteamientos a favor y en contra del dictamen, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el cual justificó que la Cámara baja ostenta la facultad de modificar el presupuesto para recortar cuatro mil 900 millones de pesos, al órgano autónomo, el sistema de votación vía remota quedó sin funcionar y fue suspendida la sesión ordinaria semipresencial.
Minutos después de las 14:00 horas, justo al momento de la votación, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, informó que una falla en la conexión externa de la fibra óptica imposibilitaba el funcionamiento de los sistemas en San Lázaro, como el conteo de los sufragios.
FGR
